Aireadores apagados en la planta La Mariposa. (Foto Rafael Freites)
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Escribo estas líneas para aclarar situación respecto con la publicación de una nota, el día de hoy, en la página web de El Carabobeño. Se trata de una nota hecha para la edición del viernes 16/12/2016 en el semanario “La Verdad Impresa”. Apenas vi su alerta en Twitter notifiqué al medio para que fuese corregido. Hubo un error del programador de las notas que fue reconocido por la empresa en un tuit y aclarado.
Aclaro, que el término “sabotaje”, fue utilizado por el propio Hidrocentro, cuando el 11 de diciembre notificó de la sustracción de cables en la estación de bombeo de la red baja en Carabobo, adyacente al embalse Pao-Cachinche, principal fuente hídrica para la población. En esa oportunidad, intenté entrevistar en el sitio al ingeniero Ernesto Lara, gerente del Sistema Regional del Centro, quien se negó de manera amable, pero rotunda, a responder preguntas. Alegó que la única autorizada para hacerlo es la ingeniera Luigina Cercio, presidenta de la estatal. Sin embargo, la información publicada no fue errónea ni desmentida por Hidrocentro.
Les reitero mi disposición a tener la mejor relación posible, dado que en diferentes oportunidades he solicitado entrevistas, aclaratoria de datos e informaciones publicadas. Ignorar a medios de comunicación sí lo considero un sabotaje, en este caso, en contra de los artículos 57 y 58 de la Constitución, los cuales cito a continuación:
 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

 
Recuerdo, de igual manera, que desde que vengo trabajando el tema de la calidad y cantidad de agua, altamente cuestionada por nuestra sociedad (si no lo creen revisen su Twitter) he solicitado de manera verbal, escrita, formal, informal, con llamadas, mensajes y peticiones de todo tipo, una entrevista con los responsables de esta empresa. Todas han sido negadas, salvo una rueda de prensa publicada el 22 de enero de 2016. En ella, Cercio se negó a hablar del tema de la calidad del agua. De tal manera, me permito citar:
 

Artículo 7 de la Ley Orgánica De La Administración Publica: “Los particulares en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los siguientes derechos:

1

Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

 

2

Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en un procedimiento.

3

Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades, funcionarios y funcionarias, los cuales están obligados a facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
 
Es preocupante que desde la cuenta en Twitter de una institución pública se hagan señalamientos personales contra trabajadores de la prensa. Espero que hagan el mismo esfuerzo que su encargado de redes sociales en ofrecer agua de calidad, potable según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, y no como sus propios informes mensuales demuestran. De la misma manera espero que los 125,5 millones de dólares aprobados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Mariposa y la PTAR Los Guayos surta efecto antes de los cuatro años planteados. También que se informe oportunamente sobre la adecuación de la Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga, la cual para diciembre de 2015 estaba a poco más de 60% de su capacidad y con ocho filtros inoperativos. Asimismo, que reactiven el sistema de aireación en el embalse Pao-Cachinche. Todas estas instalaciones son estratégicas para la salud pública de Carabobo.
 
Quedo de ustedes. Siempre con la cara y la moral en alto.
Luis Alejandro Borrero.



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