Los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, del portal IDL-Reporteros, presentaron una demanda contra la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso por su “continua y agresiva intimidación” en el destape de un escándalo de corrupción en la Judicatura peruana, informaron hoy medios locales.

En su denuncia, presentada ante un tribunal constitucional, Gorriti y Mella afirmaron que la insistencia de la Fiscalía y el Congreso para que revelen las fuentes de su investigación “supone, por supuesto, la amenaza cierta e inminente” de sus libertades de expresión e información.

Defendieron, además, el “derecho de los periodistas al secreto profesional y el propio principio democrático, que da soporte al Estado constitucional de Derecho”.

El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana, con la publicación de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la Judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.

Tras esto, el 10 de julio el fiscal Rodrigo Ruruch ingresó a las oficinas de IDL-Reporteros con la intención de incautar la información relacionada a los audios que involucran a miembros de la Judicatura, aunque luego suspendió esa medida por falta de documentación que la respalde.

Dos días después, el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Rodríguez Montesa, solicitó que IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama, que también difundió los audios, entreguen todo su material y revelen las fuentes que se los proporcionaron.

En ese momento, el fiscal señaló que si los periodistas no cumplían con ese pedido en un plazo de tres días serían denunciados por desobediencia a la autoridad.

Además, el 11 de julio, Gorriti y la periodista Rosana Cueva, directora de Panorama, informaron que no acudirían a una citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga el escándalo de corrupción en la Judicatura.

Cueva consideró “una falta de respeto” que el grupo parlamentario busque conocer la “forma y circunstancias” en las que los medios obtuvieron las grabaciones y recordó que en el periodismo existe el principio de reserva de fuentes.

Gorriti aseguró, por su parte, que la intención de la Comisión de Fiscalización, que preside el fujimorista Rolando Reátegui, era vulnerar la confidencialidad de las fuentes.

Las escuchas le costaron el cargo al ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien hoy fue reemplazado en ese despacho por el legislador Vicente Zeballos, y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.

En ese momento, también a los consejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez, mientras que los demás integrantes de ese organismo fueron destituidos este viernes por el Congreso, y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió el jueves.

Otro de los involucrados es el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofreció absolver al violador de una menor de 11 años y coordinó reuniones con una “Señora K” de la “fuerza número uno”, nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, aunque estos niegan estar vinculados en este caso




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