Más de 200 periodistas españoles enviaron hoy una carta a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que le reprochan su apoyo a una «intromisión intolerable e inédita» por la incautación de teléfonos y ordenadores de informadores ordenada por un juez.
Los periodistas -de distintos medios y provincias- pidieron a Segarra que reflexione y rectifique tras las entradas y registros en dos medios de comunicación de Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo) y la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentos de tres reporteros por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre un caso de corrupción.
La carta fue entregada hoy en mano a la máxima responsable de la Fiscalía, quien dijo entender la «inquietud» generada, pero afirmó que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas.
Los periodistas, «sumamente alarmados», subrayaron que lo ocurrido ayer es «un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas.
Los informadores advierten de que esa actuación respaldada por la Fiscalía «sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte», al no estar investigados en la misma.
Por ello, piden «encarecidamente» a la Fiscal general que reflexione «sobre esta crítica situación» y confían «en que se esté a tiempo de rectificar».
El Diario de Mallorca, en el que trabaja uno de los periodistas afectados, anunció hoy que prepara una querella criminal por la incautación del teléfono móvil de su reportero, algo que calificó de «coacción intolerable».
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