La erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca en Perú se centrará en 2022 en territorios indígenas, áreas naturales protegidas, bosques primarios y áreas de frontera, según anticipó el presidente de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón.
Durante su intervención en el sexagésimo cuarto periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Soberón apuntó a cambiar la estrategia de erradicación de cultivos de hoja de coca para que no esté sujeta a ambiciosas metas cuya superficie luego vuelve a ser resembrada con más coca.
El compromiso del Gobierno del Perú busca terminar con el círculo vicioso de ‘cultivo erradicado, cultivo resembrado’ que arrastramos desde hace 30 años bajo la obligación de alcanzar metas absolutas de área erradicada, enfatizó Soberón.
El jefe antidrogas de Perú abogó por lograr una mayor sincronía entre la erradicación de los cocales y el desarrollo de cultivos alternativos, como el cacao y el café, de forma que el área intervenida sea efectivamente erradicada y no vuelva a ser ocupada por plantaciones de hoja de coca.
Perú centrará erradicación de coca
Asimismo, Soberón consideró que, para dañar de forma irreversible el narcotráfico internacional, se debe detectar los bienes y activos que constituyen los patrimonios ilícitos, de modo que se desmantelen las estructuras criminales complejas dedicadas al comercio internacional de cocaína.
Perú se encuentra al borde de batir su récord histórico de superficie cocalera al registrar 61.777 hectáreas en todo el país a finales de 2019, según el último informe presentado recientemente por Devida.
Si bien casi la mitad de esta superficie se encuentra concentrada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), hay 260 hectáreas dentro de reservas naturales, casi todas (222) en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, que se encuentra en la Amazonía peruana y limita con Brasil.
En las zonas de amortiguamiento que rodean a las áreas naturales protegidas, espacios de transición entre las reservas y su entorno, existen 9.150 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca, casi la mitad de ellas en torno a Bahuaja-Sonene, que se ubica entre las sureñas regiones de Puno y Madre de Dios.
Precisamente, uno de los mayores incrementos de cultivos ilícitos de hoja de coca se dio en la zona fronteriza de Inambari y Tambopata, en Madre de Dios, donde se detectaron 7.705 hectáreas, un 28,7 % más que el año anterior.
Sangre indígena derramada
En las comunidades indígenas de la Amazonía, muchos líderes nativos que se oponen a la invasión de sus territorios por parte de personas ajenas para plantar cultivos de hoja de coca los amenazan de muerte o los asesinan.
Así ocurrió la pasada semana con Lucio Pascual, líder de la comunidad de etnia asháninka La Paz de Pucharine, que se convirtió en el octavo indígena asesinado en los últimos dos años en Perú por invasores de tierras ligados al narcotráfico, especialmente en las céntricas regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali.
Producto de la pandemia han caído en picado las cifras de erradicación de cultivos, que pasaron de rondar las 25.000 hectáreas anuales antes de la emergencia sanitaria a poco más de 6.000 en 2020.
Sobre esta política se han centrado las miradas una vez que este año asumió la Presidencia de Perú el izquierdista Pedro Castillo, quien es muy cercano a las organizadores de productores de hoja de coca que demandan una ley para legalizar los cultivos similar a la que existe en Bolivia.
Perú es el segundo producto mundial de cocaína, solo superado por Colombia, al exportar anualmente no menos de 400 toneladas métricas de esta droga, principalmente por vía marítima desde los puertos del Callao y Paita, pero también en «narcoavionetas» que despegan desde la selva rumbo a Bolivia, en una ruta que llega a Brasil.
