Después de 30 días de aislamiento e inactividad, la asignatura pendiente del primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena general y obligatoria continúa la masificación de clientes en los centros de abastecimiento mientras a marchas forzadas amplía su capacidad hospitalaria para evitar el peor de los escenarios.
Desde el 16 de marzo los peruanos que no trabajan en algún sector esencial (alimentación, farmacia, banca y energía, entre otros) solo pueden salir de casa para comprar alimentos y medicamentos.
Como en otros países, la compra se ha vuelto la única excusa para salir a la calle y con ello han sido recurrentes las escenas de tumultos en los mercados, especialmente en la última semana, incluso cuando se comenzaron a reportar los primeros casos del coronavirus SARS-CoV-2 en trabajadores de algunos supermercados.
Aunque la orden del Gobierno es que salga solo una persona por hogar a comprar las provisiones de la familia para toda una semana, decenas de miles de personas, incluidas familias enteras con hijos menores, acuden a los mercados día tras día. Por eso el Gobierno impondrá multas a quien salga en grupo o no lleve mascarilla.
También llevará a domicilio alimentos a los enfermos del COVID-19 que no están hospitalizados, que son el 85% sobre el total de infectados, y sobre los que no tienen control de si cumplen su cuarentena. «Están causando una gran cadena de contagios», reconoció el ministro de Defensa, Walter Martos.
Medidas con efecto indeseado
Sin embargo, las grandes concentraciones de personas de los últimos días también han sido motivadas en parte por el propio Gobierno con un efecto indeseado de sus medidas de inmovilización.
Durante una semana el Ejecutivo segregó a hombres y mujeres para que saliesen a comprar en días alternos, pero luego dio marcha atrás y canceló esta medida al darse cuenta que esto causaba masificaciones en los días habilitados para las mujeres.
Esto se agravó aún más en los días previos a la Semana Santa, cuando el Gobierno anunció sin previo aviso que el Jueves y el Viernes Santo habría toque de queda permanente, lo que lanzó en masa a los peruanos a los mercados antes de las más de 48 horas de encierro domiciliario ininterrumpido.
La ampliación del horario del toque de queda, que en algunas regiones va de 16.00 a 4.00 hora local, también ha reducido el horario de apertura de los centros de abastecimiento, que funcionan de 7:00 a 15:00, por lo que todas las compras se concentran en horas de la mañana.
En los bancos también se han dado episodios parecidos, especialmente en los primeros días de la cuarentena, cuando también se registraron tumultos y colas donde no se guardaban la distancia de seguridad para cobrar el bono de 380 soles (110 dólares) que el Gobierno está entregando a familias en condición de pobreza.
Sin espacio seguro
Esas kilométricas colas de horas de espera dan paso luego en los mercados a espacios donde se pierde la distancia de seguridad, reducida a la mínima expresión.
En las zonas populares se suman los vendedores ambulantes, que viven con lo que ganan cada día y vulneran el confinamiento porque, según aducen, prefieren arriesgar su salud que morir de hambre.
Muchos de estos ambulantes han pasado a vender mascarillas, el artículo más preciado de las últimas semanas, tanto que el Gobierno ha dado instrucciones para la fabricación casera de estos protectores, y eso ha dado lugar a barbijos de todas las formas y colores posibles, incluso máscaras hechas con botellas de plástico.
Aunque inicialmente el uso de las mascarillas no era obligatorio, los peruanos comenzaron a usarlas en la calle por acuerdo tácito mucho antes de que las autoridades lo exigiesen.
Resultados positivos, pero no óptimos
El afán de los peruanos por salir a comprar ha impedido que los resultados del confinamiento no sean «óptimos» como esperaba el Gobierno, aunque Vizcarra reconoció que ha funcionado para evitar que se desbordase el débil y fragmentado sistema sanitario del país durante el primer mes de la emergencia.
Con eso el Ejecutivo peruano ha ganado tiempo para establecer centros sanitarios dedicados exclusivamente al COVID-19, como las 900 camas para cuidados intermedios instaladas en el complejo de viviendas de la villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se encontraba deshabitada.
A contrarreloj, y gracias a compras de última hora, donaciones, redistribución de equipos y fabricación de ventiladores mecánicos propios, ha podido ampliar su capacidad de unidades de cuidados intensivos (UCI) para COVID-19 de unas 100 a 504, de la que hay ocupadas 142.
La cuarentena, que incluye el cierre de todas las fronteras, se extenderá en principio dos semanas más hasta el 26 de abril, aunque el Gobierno ha anticipado que la reanudación de la actividad será muy paulatina, por lo que las actividades de ocio que concentran mucha gente no se retomarán hasta que exista una vacuna.
