Perú
Foto cortesía: El Nacional

Perú es el segundo país de la región y del mundo en acogida de personas de Venezuela, al reunir a aproximadamente 1.520.000 ciudadanos de ese país, a los que debe garantizar el acceso a la condición de refugiados y una serie de derechos sin discriminación, afirmó Amnistía Internacional (AI).

El organismo precisó en un informe que, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), alrededor del 58 % de los migrantes venezolanos en Perú son mujeres.

En ese sentido, el informe «Regularizar y proteger: obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas» sostuvo que en Perú existe un «importante rezago de solicitudes de asilo pendientes» y que, desde 2016, solo se ha reconocido a 4.667 venezolanos como refugiados y persisten los obstáculos para el acceso a esa condición.

Alertó, además, que si bien el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) «habilita legalmente a las personas a estudiar y, en teoría, a trabajar, la protección que ofrece en la práctica es limitada».

La Calidad Migratoria Humanitaria (CMH) tampoco protege a las personas contra la devolución a su país de origen, y los requerimientos de la Calidad Migratoria Especial Residente (CMER), que puede proteger a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género (VBG), «representan obstáculos muy grandes para las mujeres venezolanas, además de revictimizarlas».

La CMER, agregó, brinda protección a las mujeres sobrevivientes de la VBG pero «tiene un alcance muy limitado», ya que en 2022 la obtuvieron tan solo 17 venezolanas.

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En este contexto, el organismo enfatizó que «resulta particularmente preocupante la situación de las mujeres venezolanas sobrevivientes de VBG que se encuentran en situación migratoria irregular».

Violaciones de derechos

A todos estas limitaciones «se suman repetidas declaraciones estigmatizantes y xenófobas de autoridades que asocian las personas venezolanas con la inseguridad y la delincuencia, así como la militarización de fronteras como ocurrió en abril de 2023», remarcó.

Por ese motivo alertó «que estas medidas exacerban los riesgos de violaciones de derechos» y recomendó al Estado peruano que garantice el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada para los venezolanos y que se rehabilite «sin demora la recepción continúa de solicitudes de asilo».

El documento pidió que se asegure que los venezolanos en Perú tengan acceso a todos los servicios básicos sin discriminación y que se vele por que los procedimientos de reconocimiento del estatuto de refugiado y de regularización migratoria incorporen una perspectiva de género y enfoque interseccional.

También que se refuerce y amplíe la difusión de información sobre la posibilidad de solicitar la CMER y se implementen estrategias para que las sobrevivientes de VBG denuncien las violencias de que son víctimas a policías, servicios sociales y de salud sin temor a consecuencias negativas o sanciones por su estatus migratorio.

El informe de AI recordó que Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan casi el 70 % de las 7,32 millones de venezolanos que han huido de su país «debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos».

Reconoció, en ese sentido, «los desafíos que implica para los Estados dar respuesta a esta crisis de movilidad sin precedentes recientes en la región», pero sostuvo que «a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados» estas personas «necesitan protección internacional».

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