Centenares de peruanos dieron la bienvenida al año 2019 con manifestaciones en contra de la polémica decisión del cuestionado Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, de destituir a los dos principales fiscales que investigan el caso Odebrecht, apenas cuatro horas antes de la Nochevieja.
Hubo movilizaciones espontáneas en las principales ciudades del país, como Lima y la sureña Arequipa, donde sus participantes exigieron la salida de Chávarry, implicado en un escándalo de corrupción judicial que ha marcado la vida política del país en el último medio año.
También pidieron la continuidad de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quien logró llevar a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori por presunto blanqueo de dinero dentro del partido fujimorista Fuerza Popular, y prohibir la salida del país por 18 meses al expresidente Alan García.
Con pancartas improvisadas interrumpieron las celebraciones del Año Nuevo para concentrarse en las plazas y secundar una convocatoria hecha a través de redes sociales por organizaciones sociales y colectivos civiles.
Estas protestas pueden ser el prólogo de una seguidilla de movilizaciones más multitudinarias que se lleven a cabo en todo el país durante los próximos días y semanas para exigir que no se congelen ni paralicen las investigaciones.
Los dos emblemáticos fiscales cesados tenían previsto viajar a mediados de enero a Brasil para interrogar a los ejecutivos de la constructora Odebrecht tras haber alcanzado semanas atrás un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) para que brinden toda la información a cambio de no ir a la cárcel.
Las razones de su cese brindadas por Chávarry en una conferencia de prensa convocada a apenas cinco horas para terminar el año es que Vela y Pérez vulneraron el principio de jerarquía en la Fiscalía, al haber cuestionado su permanencia en el cargo.
Este episodio eleva además la tensión entre Chávarry y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien adelantó su regreso a Perú desde Brasil, a donde había viajado para asistir a la toma de mando del electo presidente de ese país, Jair Bolsonaro.
Vizcarra ha solicitado en reiteradas ocasiones la destitución de Chávarry por sus vinculaciones con una gran red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en las altas esferas de la judicatura peruana.
Por este caso de corrupción judicial, llamado «Los cuellos blancos del puerto», Chávarry tiene una serie de denuncias constitucionales en el Congreso, cuya dirección, en manos del fujimorismo, mantiene paralizadas sin que se lleven a debate.
El mismo fiscal Pérez denunció el pasado 26 de diciembre por encubrimiento a Chávarry, en el marco de las investigaciones que sigue contra Keiko Fujimori, y lo acusó de haber «ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht».
Además de a Keiko Fujimori y Alan García, el equipo especial de la Fiscalía que encabezaba Vela y en el que también estaba Pérez investiga igualmente a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Perú es uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció haber pagado millonarios sobornos para adjudicarse grandes contratos de obra pública.
En el capítulo peruano los sobornos se dieron entre 2005 y 2014, acompañados supuestamente de grandes donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la Presidencia de Perú. EFE
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