Demandan a la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional un reforma/ Foto Qué pasa

Un grupo de organizaciones humanitarias presentó este jueves una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional un reforma que extiende la detención provisional hasta por 2 años y que establece «juicios masivos».

Roxana Cardona, abogada del movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, indicó que la demanda es contra la reforma al artículo 21 de la Ley Contra el Crimen Organizado que «conlleva una ampliación del término de instrucción».

Justicia selectiva

Cardona señaló que esta enmienda implica que a las personas detenidas antes de su vigencia no se les contabilice el tiempo que han estado detenidas bajo investigación.

Añadió que este decreto genera una justicia selectiva, dado que las «personas inocentes» pueden ser procesadas en grupos y sin que se de la debida individualización.

En noviembre de 2022, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó un paquete de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado y avaló que los procesos en etapa de instrucción que se iniciaron antes de la vigencia de la reforma se ampliaran por 12 meses, pudiendo darse una segunda ampliación por igual tiempo.

La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo a EFE que «es ilegal que una persona pase hasta dos años sin audiencia preliminar».

Agregó que la demanda también busca que se desista de la aplicación de medidas que puedan generar delitos de lesa humanidad en contra personas detenidas arbitrariamente.

5.000 «víctimas directas» de atropellos

A la presentación de la demanda acudió un grupo de unos 50 familiares de detenidos, que son acompañados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), y que también han presentado habeas corpus para defender la inocencia de sus parientes.

Con pancartas y fotografías de sus familiares pidieron «justicia para los inocentes» y gritaron consignas como «vivos se los llevaron, vivos los queremos».

Desde marzo de 2022, el Congreso, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó un régimen de excepción para suspender garantías constitucionales.

Organizaciones humanitarias del país han dado cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y el Gobierno afirma que las detenciones suman más de 72.000.

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