El sindicato de pilotos del Servicio de Transporte Urbano (Transurbano) pidió hoy la intervención de esta empresa implicada en un caso de corrupción en Guatemala, por violar los derechos humanos y laborales de los empleados, pero otro grupo de conductores se opuso a esa solicitud.
Durante una rueda de prensa en el Congreso, uno de los representantes de los pilotos, Victoriano Zacarías, aseguró que los dueños de los autobuses violan los derechos humanos y laborales de los chóferes al no pagarles a tiempo sus salarios y tampoco cancelar la cuota patronal al Seguro Social.
Aseguró que la empresa debe al menos 14 millones de quetzales (1,89 millones de dólares) al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por lo que los trabajadores no reciben atención.
«Pedimos al presidente de la república (Jimmy Morales) su intervención inmediata y que gire las instrucciones necesarias para que los representantes de la empresa Transurbano cumplan las leyes», expresó.
Zacarías denunció también que en algunas rutas de ese servicio se ha incrementado el valor del pasaje de 1,10 quetzales (15 centavos de dólar) que es el autorizado, a entre 2 y 3 quetzales (de 27 a 40 centavos de dólar), que solo sirve «para enriquecer a los empresarios».
El sindicato del Transurbano, que tiene en servicios unos 450 autobuses, aglutina a unos 225 chóferes, según el dirigente.
Sin embargo, la intervención solicitada por el sindicato fue rechazada hoy mismo por otro grupo similar de chóferes de la misma empresa que llegó al Congreso.
«No reconocemos al sindicato como nuestros representantes porque tienen intereses personales», declaró a los periodistas el piloto Eric Maas en representación de unos 225 compañeros.
Con siete años de trabajar en ese compañía, Maas calificó de «falso» que no les paguen los salarios y que no reciban atención en el Seguro Social.
Este grupo de chóferes sostuvo, con supuestas pruebas en la mano, que a los integrantes del sindicato les han pagado y que también han sido atendidos en la seguridad social.
La empresa Transurbano se encuentra envuelta en un caso de corrupción que mantiene en prisión al expresidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012) y a la mayoría de quienes integraron su Gabinete de Gobierno.
La Fiscalía imputó los delitos de fraude y malversación a Colom y a doce de sus exfuncionarios, entre ellos el exministro de finanzas y expresidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight.
La investigación establece que los exfuncionarios, pertenecientes al Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, participaron en una red que otorgó de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la implementación de un sistema prepago en el Transurbano.
Junto a Colom y Fuentes Knight están implicados los exministros Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura), el ex viceministro Alfredo Américo Pokus Yaquian (Energía y Minas) y el exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos.
Todos están recluidos en una cárcel de la capital desde su detención el 13 de febrero, mientras que los titulares de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferraté, están bajo arresto hospitalario por su delicado estado de salud.
 pidió hoy la intervención de esta empresa implicada en un caso de corrupción en Guatemala, por violar los derechos humanos y laborales de los empleados, pero otro grupo de conductores se opuso a esa solicitud.){kind=link}