Familias de personas detenidas en el contexto de un régimen de excepción en El Salvador pidieron este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que agilice las respuestas de recursos de habeas corpus en los que solicitan la liberación de sus parientes arrestados supuestamente arbitrariamente.
Este grupo de personas, junto a representantes de las organizaciones no gubernamentales Tutela Legal 'María Julia Hernández' y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), acudieron a la sede del Supremo en San Salvador.
Samuel Ramírez, de Movir, apuntó a periodistas que se pide a la Corte de Justicia que brinde "lo más pronto posible una respuesta a las más de 7 mil solicitudes de habeas corpus presentadas a la Sala de lo Constitucional (de la Corte) por familiares de víctimas de este régimen, detenidas injusta e arbitrariamente".
Ramírez indicó que "algunos de los recursos tienen entre seis y un año de haberse presentado y hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta".
Liberación de presos
"Aunque sabemos que la respuesta será no ha lugar (rechazada) o improcedente, porque sabemos que la Sala también está recibiendo órdenes desde Casa Presidencial; sin embargo, queremos agotar todos los recursos y los esfuerzos en este país para luego poder ir a una instancia internacional", añadió el representante de Movir.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esa medida, una de las que gozan de mayor popularidad entre la población salvadoreña y que fue clave para la reelección de Bukele, se ha alargado hasta la actualidad, cuando sigue vigente.
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022, se han registrado más de 81 mil 100 detenciones bajo el régimen de excepción.
Mientras, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6 mil 400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
