A dos semanas de las elecciones regionales y municipales, todavía Barinas sigue sin gobernador. El estado deberá esperar la repetición de los comicios el próximo 9 de enero para definir su Ejecutivo.
En este sentido, la actuación del Plan República y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) ha resultado señalada. La abogada y activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel, en entrevista con El Pitazo, asegura que las autoridades del dispositivo de seguridad electoral burló la voluntad popular.
“Se evitó la proclamación de (Freddy) Superlano por el retardo del Ceofanb y especialmente el general de división José Rafael Serrano Gotera, comandante de la Zodi (Zona de Defensa Integral), en entregar las actas y todo el material electoral de los municipios”, dijo San Miguel, también especialista en temas militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La activista advirtió que el comandante de la Zodi no cumplió con sus obligaciones como jefe del Plan República en la entidad. “El Plan República en el estado Barinas tiene que cambiar sus autoridades para las elecciones del 9 de enero. Tiene que ser removido al frente del Plan República el general José Rafael Serrano Gotera para la credibilidad de la custodia del material electoral”, expresó.
Militares y poder civil
A propósito de las recientes elecciones de gobernadores, la ONG Control Ciudadano actualizó su informe sobre gobernadores que provienen de la Fuerza Armada Nacional (FAN), en el que destaca que para el período 2012-2017 de un total de 23 gobernadores, 12 provenían (cerca de 50%) de la Fuerza Armada Nacional (FAN), incluyendo a Henri Falcón, quien fue miembro del Ejército. Entre 2017-2021 la cifra bajó a 30% con la elección de siete gobernadores y en los últimos comicios el número de militares retirados electos gobernadores bajó a cuatro, lo que representa un 17%.
Para San Miguel, estas cifras son significativas, pues implican la disminución del peso militar en la estructura de las entidades federales donde los militares retirados suelen “colonizar los cargos” con compañeros de promoción, estructuras militares, control y militarización de las policías y un fenómeno de toma de control del estado por militares. Un ejemplo del modo en que se impone el ámbito militar se observó en el estado Apure con el exgobernador Ramón Carrizales, quien, a juicio de San Miguel, ejerció “una especie de caudillismo regional con la impronta militar”.
Represión
San Miguel relaciona el nivel de represión registrado en episodios de protestas como los de 2017 en estados con militares en la gobernación en comparación con las entidades gobernadas por civiles, y como ejemplo señala los casos de Lara y Carabobo, entonces con Carmen Meléndez y Francisco Ameliach como gobernadores, respectivamente.
La abogada mencionó la complicación que representa para los gobernadores de oposición la relación con las autoridades militares en sus estados. “Es impensable que un gobernador como el de Zulia vaya a realizar alguna actividad sin tomar en cuenta la parte militar que es un eje transversal en los estados fronterizos de Venezuela”, opinó.
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