Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
En Venezuela la protesta es un crimen. Raúl Herrera, director del Centro para la Paz y derechos Humanos de la Universidad Central (UCV), no duda en afirmarlo. La aplicación del Plan Zamora en Carabobo es una muestra de ese planteamiento. “Se ha convertido en una licencia para perseguir y matar”.
El académico aseguró que se ha instaurado un sistema perverso y deformado para emprender la cacería de líderes políticos y de personas con influencia en la sociedad civil, con la intención de desarticular fuerza de la manifestación. “Pero ya eso es indetenible. La calle no se va a dejar hasta que no se restituya el orden constitucional en el país”.
Herrera, quien participó en el foro Criminalización de la Protesta Universitaria y de la Sociedad Civil, realizado en el marco del I congreso Internacional sobre Libertad Académica, Autonomía y Derechos Humanos, explicó que la protesta establecida como legal en la Constitución, se ha convertido en un asunto incómodo para el Gobierno.
El Gobierno ha elegido el peor camino: la radicalización a espaldas de la Carta Magna
En la actividad, se insistió en hacer valer el ejercicio de la manifestación de calle pacífica. “La sociedad está siendo sistemáticamente reprimida con más de 40 muertes en menos de seis semanas. El Gobierno ha elegido el peor camino que es la radicalización a espaldas de la Carta Magna”. Recordó que todo comenzó con el contexto histórico confuso que surgió a raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia y que se agudizó con la evasión de la ruta democrática al no convocarse las elecciones regionales que están pendientes. “Eso puso de facto a este sistema político en una dictadura”.
El camino para solucionar esta crisis, de acuerdo a Herrera, es el respeto al pacto social establecido en la Constitución de 1999. “Chávez convocó una constituyente sin salirse de la legalidad. Pero Maduro y su equipo no lo hacen porque quieren un traje a su medida y un partido único al estilo comunista”.
