El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, paralizado por la oposición de países europeos ante la deforestación en la Amazonía, ha provocado también el rechazo de ong ecologistas, movimientos sociales y plataformas civiles de ambos lados del Atlántico.
Una «excelente noticia para el empleo y las oportunidades empresariales generadoras de prosperidad y desarrollo» de las dos regiones, así definió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur poco después de su firma en 2019, un tratado que pretende eliminar aranceles entre ambos grupos económicos.
Sin embargo, algunos gobiernos europeos como Austria, Países Bajos, Bélgica o Irlanda han sido reacios a su ratificación, al igual que Francia, donde el presidente Emanuelle Macron lo ha manifestado en algunas ocasiones y el secretario de Estado de Comercio Exterior, Franck Riester, aseguraba en mayo que no firmarían el acuerdo sin “garantías verificables en materia de lucha contra el cambio climático, la deforestación y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias”.
Organizaciones ecologistas y plataformas civiles también se oponen a la aplicación del acuerdo, como Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, cuya portavoz Marta García Pallarés explica a Efe el rechazo de su organización al mismo ante las contradictorias políticas del Gobierno español.
“Por un lado vemos cómo en el Gobierno se impulsan políticas como la Ley de Cambio Climático y por otro se firma un acuerdo comercial que lo que va a hacer es profundizar en la destrucción de ecosistemas muy importantes en Latinoamérica como la Amazonía”, declara.
La portavoz de Ecologistas denuncia que desde España se «tienda la mano» al Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al que ha acusado de “lapidar todas las medidas de protección ambiental y de derechos humanos”.
DEFORESTACIÓN EN BRASIL
Charles Traconte, de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, afirma a Efe que históricamente la deforestación está marcada por el «modelo de desarrollo» que el Gobierno estableció para la agrupación de estados en la cuenca amazónica, conocida como Amazonía Legal: «Brasil en los últimos treinta años especializó su economía en producción agrícola y mineral».
«En Pará -uno de los estados de la Amazonía Legal- hay ocho millones de habitantes; en el sureste de Pará hay 21 millones de cabezas de ganado. Hay más ganado que gente», asegura Traconte, que atribuye este desequilibrio a la migración que desde hace décadas se produce del campo a las ciudades.
Con lo cual, «el agente deforestador de la Amazonía no son las personas, sino las políticas del Gobierno central, que incentivan la deforestación bajo motivos económicos» y la «formación de latifundios», advierte.
Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio Do Clima (ODC), entidad brasileña compuesta de 68 organizaciones, ha asegurado a Efe que pese a que antes de Bolsonaro también existía deforestación, “se ha incrementado un 66 por ciento” dos años después de su llegada al Ejecutivo.
Astrini no confía en que la presión internacional cambie la política de Bolsonaro: “los líderes europeos pueden intentar continuar con la firma, pero deberán estar seguros de que estarán haciendo una especie de acto de fraternidad hacia las políticas públicas de Bolsonaro en términos de medioambiente en Brasil”.
Asimismo, alerta de que la invasión de tierras indígenas por parte de la agroindustria y las «actividades criminales» están creciendo contra esas comunidades en la Amazonía brasileña.
Además de señalar que un reciente proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía en Brasil “deja imposible la demarcación de nuevas áreas indígenas en Brasil (para su protección) y abre la posibilidad de que las tierras indígenas ya existentes sean tomadas por el agronegocio brasileño”.
Junto a este, existen otros dos proyectos que Bolsonaro tiene intención de sacar adelante: uno que “flexibiliza la aprobación de licencias de explotación de la tierra para la construcción, la agricultura o la minería”, entre otras actividades, ya aprobado en el Congreso brasileño; y otro que pretende “permitir la actividad minera en tierras indígenas”, explica. EFE
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