Durante la detención de unos 30 jóvenes en El Rosal, que fueron introducidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en la cava de un camión sin ventilación y lanzándoles gases lacrimógenos, los uniformados cometieron delitos a los que el Código Penal establece penas de hasta 25 años de cárcel
El coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, condenó la actuación de los PNB. «En este nuevo hecho de exceso de los cuerpos de seguridad quedaron evidenciados dos delitos: tratos crueles e inhumanos y homicidio frustrado. La Policía Nacional Bolivariana colocó todos los elementos y condiciones para buscar el resultado, mediante una acción delictiva, de producir la muerte de estos jóvenes, por lo que aspiro que la Sala penal asuma su responsabilidad”
Para el defensor de Derechos Humanos, aunque el país se encuentre en un estado de excepción, se deben respetar las garantías constitucionales a la vida y la libertad.
Víctimas logran imputado
Rafael Narváez anunció que es un triunfo del Comité de víctimas del Plan Zamora que el general Antonio Benavides Torres fuese citado al Ministerio Público en calidad de imputado, como consecuencia de la gran cantidad de daños y la violencia desatada contra los conjuntos residenciales en la parroquia El Paraíso en Caracas. “Logramos un paso con este general que convalidó la represión y la muerte sin límites”.
Así como logramos esta imputación, gracias a la valentía de la Fiscal general, vamos a consignar el inicio de una investigación contra el director de la Policía Nacional Bolivariana y los autores materiales de estos delitos, detalló Narváez. «Al presidente Maduro y a los ministros de defensa y Relaciones interiores, justicia y paz, Padrino López y Reverol les digo, nos veremos en tribunales porque la represión no será eterna, tendrán que responder y buscarse sus buenos abogados”.
Narváez deploró que el Nicolás Maduro, en cadena nacional, planteara un «decreto de guerra a muerte” a los venezolanos cuando hizo referencia que si no se lograba mantener la revolución por la vía de los votos, sería por las armas. «Para colmo, el ministro de defensa ratificado, Padrino López, le exige a las Fuerzas Armadas, para buscar la paz, asumir una represión letal. Esto coloca a las Fuerzas Armadas, lamentablemente, del lado de la represión”.
El Tribunal Supremo de Justicia ha ocupado el lugar dejado por la justicia ordinaria y el juez natural, y se ha dedicado a convalidar tratos crueles e inhumanos y las torturas que aplica el Plan Zamora a quienes salen a la calle en su legítimo derecho a la manifestación pacífica, criticó el defensor. «A consecuencia de la desaparición de la autonomía e independencia de los poderes públicos, incluida la Defensoría del Pueblo, Venezuela vive la oscuridad más grande en materia de vulneración de Derechos Humanos».
Narváez advirtió que todo lo anterior viola el artículo 49 de la Constitución, que establece el debido proceso y la presunción de inocencia y sienta un precedente por tanta violación sistemática en materia de Derechos Humanos.
