Miembros del movimiento Poder Soberano rechazan y desconocen la autoridad de la Constituyente electa el día 30 de julio de 2017.
Joel Pantoja, Milena Rengel y Gonzalo Pérez, miembros de la organización, expresó que en realidad fue la elección de un Congreso del PSUV. Una
«Asamblea Nacional Constituyente es la expresión más completa del Poder Constituyente Originario, es decir, de los distintos sectores políticos, sociales y económicos del pueblo, y el evento del domingo carece en absoluto de esta característica», afirmaron.
El movimiento político denuncia que esta falsa constituyente es ilegítima e ilegal, al realizarse sin la aprobación del propio pueblo, dueño intransferible de la soberanía.
El poder político de la nación, si fue tomado en cuenta en la creación de la Constitución en 1999. En cambio esta, muy al contrario, se impuso desde el poder constituido,con bases comiciales corporativas fascistoides que favorecían a la cúpula del partido de gobierno, acotó Pantoja.
«Es por ello que 100% de los supuestos constituyentistas son psuvistas, excluyendo, groseramente, al resto de los partidos políticos del chavismo crítico, la MUD, la izquierda, los independientes y al mismo Polo Patriótico», recalcaron.
Los miembros de Poder Soberano aseguran que el resultado de 8 millones de votos anunciado por el CNE es falso.
«Una prueba de ello, es la denuncia de Antonio Mugica de la empresa Smartmatic, en relación al exceso de votos falsos, empresa que tiene 13 años apoyando al CNE; por otra parte, no se realizaron las auditorias de otros procesos electorales, se eliminaron los mecanismos de seguridad como la tinta indeleble, se crearon cuadernos electorales vacíos que podían ser llenados hasta cinco veces por cualquiera».
Según tales resultados, el deteriorado gobierno de Nicolás Maduro es 10% más popular que el de Hugo Chávez en 1999, su mejor momento político, es decir, unos cinco millones de simpatizantes más, cosa absurda, puntualizaron.
Además recordaron que el proceso fue coordinado por un CNE con dos rectoras ilegales, designadas por un Tribunal Supremo de Justicia ilegal, surgido de la violación de los artículos 138, 139, 264 y 296 de la Constitución Nacional.
Ellos reiteraron el deber de cumplir con los artículos 333 y 350 de la Constitución, por lo que ratificaron su apoyo a la Fiscal General de la Republica legitima Luisa Ortega Díaz y a los diputados, funcionarios públicos y militares patriotas dispuestos a reestablecer el orden constitucional.
Instaron, a convocar al pueblo asumir su poder pleno por medio de una Gran Asamblea del Poder Originario verdadero para una Junta de Gobierno Popular, destacando, que solo el pueblo es el Poder Constituyente Originario y eso no se lo quita nadie, ni ninguna cúpula militar, ni ningún tiranuelo y menos un congreso de un partido.
