Calle Los Mijaos de Trigal Sur. (Foto Astrid Rodríguez)
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La presentación del Proyecto de Ordenanza sobre  la Regulación del Cierre o Medidas de Control de Acceso a todas las Calles y/o Conjuntos Habitacionales sean estos Urbanos o Rurales del Municipio Valencia, que hizo el presidente del cabildo, Fernando Núñez, reavivó la polémica entre vecinos y autoridades, sobre la viabilidad o no de medidas de este tipo.

Según Núñez, el proyecto de ordenanza tiene como objetivo, normar  los cierres de calles para evitar la anarquía  en las vías de acceso que han sido cerradas u obstaculizadas. La idea es que el municipio contribuya al resguardo del derecho constitucional de transitar libremente en la ciudad.

En el escrito presentado por el concejal, se señala que el cerramiento de las vías públicas, dificulta el ingresó de unidades de respuesta en casos de emergencia, bien sea, de protección civil, en catástrofes, desastres o policiales de ser necesario. Igualmente imposibilita el ingresó a las unidades recolectoras de desperdicios, ocasionando en algún momento que no se realice en su totalidad la recolección en el sector, y ello podría desencadenar algún tipo de enfermedad en la comunidad.

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Calle de Guataparo cerrada por inseguridad. (Foto Astrid Rodríguez)

En varias urbanizaciones de la ciudad, la mayoría de las calles están cerradas con rejas. Algunas tienen casetas de vigilancia, cuyo servicio fue eliminado, para disminuir los costos del condominio. En otras funcionan solo en horario nocturno.

Irama de Méndez, habitante de la urbanización Prebo, señaló que su comunidad se siente un poco más protegida desde hace seis años, cuando se cerraron varias vías de acceso con rejas. Considera que en el caso que los concejales aprueben la ordenanza, deberían no tocar a las urbanizaciones que tienen tiempo con calles cerradas, porque todo el mundo sabe que la delincuencia sobrepasa la acción de los cuerpos de seguridad.

En la calle La Ceiba de la urbanización El Bosque, existe una caseta de vigilancia para el control del acceso de los visitantes. Sin embargo una vecina comentó que hace un año aproximadamente, eso no fue impedimento para que tres sujetos sometieran a su grupo familiar y se llevara todo cuanto pudo, incluyendo un vehículo.

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Calle La Ceiba de la urbanización El Bosque. (Foto Astrid Rodríguez)

En la urbanización Trigal Sur, la vecina Carmen de Febres, comentó que defenderá en lo que sea posible las rejas que se pusieron en la calle Los Mijaos, porque han evitado a proliferación de delincuentes que se la pasaban merodeando por la zona.

La presidenta del Instituto de Vialidad de la alcaldía de Valencia, Isandra Villegas, declaró que todavía no ha revisado el proyecto de ordenanza, pero estima que debe estar ajustado al ordenamiento constitucional vigente, que prohíbe el cierre de las vías públicas.

La funcionaria precisó que los únicos casos permitidos, son calles ciegas, condominios privados o cuando la calle colinda con un terreno vacío sujeto a desarrollo.

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La presidente de IAMVial, Isandra Villegas. (Foto Astrid Rodríguez)

Villegas admitió que en Valencia se han efectuado varios cierres ilegales de calles. Por eso cuando algún vecino pone la denuncia, el Instituto Autónomo de Tránsito y Transporte procede a desmontar las estructuras. No obstante se han dado casos en que los vecinos se aferran a las rejas e impiden que los funcionarios actúen.

La funcionaria indicó que los vecinos alegan a su favor el derecho a la vida y a la seguridad, pero está demostrado que las rejas no han impedido las acciones delictivas. Es necesario que los cuerpos de seguridad del Estado pongan más empeño en el control de este flagelo, que se ha incrementado en todo el país.

Isandra Villegas comentó que el derecho a la vida está consagrado en la Constitución, al igual que el libre tránsito. Y no se puede conculcar un derecho constitucional para que prevalezca el otro.

La funcionaria agregó que la alcaldía actúa en la medida en que no hay acuerdo entre los vecinos, y las afectadas sean vías principales y de alto tránsito. Refirió que varias comunidades han solicitado el permiso para el cierre de vías, y se les ha negado por no cumplir con las normas técnicas, pero sin embargo los vecinos proceden a hacerlo, lo que ha generado enfrentamientos. Es una situación que se presenta a nivel nacional.

 




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