La Policía Federal brasileña presentó este lunes cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva en un caso sobre el uso de coimas pagadas por la constructora Odebrecht para el alquiler de un apartamento y la compra de un terreno, informaron diferentes medios locales.
La Policía Federal, en el mismo caso, también presentó cargos por lavado de dinero contra seis personas, entre las cuales está la esposa del exjefe de Estado, Marisa Leticia Lula da Silva; su exministro de Hacienda Antonio Palocci, y su abogado y compadre Roberto Teixeira, según las versiones periodísticas.
Se trata de una nueva denuncia contra Lula, ya procesado en tres diferentes casos, en el marco de la investigación sobre la gigantesca red de corrupción que desvió recursos de la petrolera estatal Petrobras.
Las acusaciones hechas por la Policía Federal tras la conclusión de su investigación ahora serán analizadas por la Fiscalía que, de considerarlas procedentes, pedirá a la Justicia que procese a los siete imputados.
El nuevo caso se refiere al destino de coimas que la constructora Odebrecht supuestamente pagó a cambio de beneficiarse de contratos con Petrobras.
Al parecer, tales recursos fueron usados en el alquiler de un apartamento en la ciudad de Sao Bernardo do Campo vecino al inmueble en el que vive Lula y en la compra de un terreno en el que se construiría la nueva sede del Instituto Lula.
El terreno fue comprado por una empresa controlada por Odebrecht luego de que Lula manifestase su deseo de usarlo para construir una nueva sede para su Instituto pero finalmente el proyecto no salió del papel.
De acuerdo con la acusación hecha por la Policía Federal, Lula se benefició directamente de un soborno pagado por Odebrecht e intermediado por su entonces ministro de Hacienda.
La nueva denuncia fue presentada tan sólo tres días después de que la Fiscalía acusara a Lula de tráfico de influencias, lavado de dinero y participación en organización criminal en otro caso.
La denuncia presentada el viernes, que se extiende también contra uno de los hijos del exmandatario, Luiz Cláudio Lula da Silva, es fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la conocida «Operación Zelotes», que desde 2015 investiga supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
Lula, el presidente más popular de la historia de Brasil, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y en el tercero por haber tratado de silenciar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó Petrobras durante al menos una década.
La Fiscalía llegó a señalarlo como el máximo jefe de la organización que asaltó Petrobras pero nunca lo acusó de tal delito.
El exmandatario atribuye la supuesta cacería judicial que sufre a un proyecto de sus rivales para minar su fuerza política de cara a las elecciones presidenciales de 2018, la del Partido de los Trabajadores (PT), mayor formación de izquierda y que ayudó a fundar, y la del proyecto que inició como presidente de la República para reducir la histórica pobreza de Brasil.
