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– La Policía de Nicaragua se desplegó este sábado en el centro Managua para evitar un plantón de la Unidad Médica Nicaragüense, que reclama al presidente Daniel Ortega la reintegración de decenas de funcionarios de la salud despedidos por atender a personas heridas en ataques armados del Gobierno.

Al igual que ante protestas anteriores, la Policía nicaragüense se extendió desde tempranas horas de la mañana por una amplia zona del centro de Managua, con el objetivo de impedir la reunión de los médicos y trabajadores de la salud.

El denominado “Plantón por la Salud, unidos por la vida” estaba programado para las 09.00 hora local (15.00 GMT) en el estacionamiento del Edificio Pellas, un complejo de oficinas privado, que reúne las sedes principales de algunas de las empresas más importantes de Nicaragua, donde ya se han desarrollado otras manifestaciones.

Los policías establecieron un despliegue en los alrededores del Edificio Pellas en contra de los médicos, que supera en oficiales, medios y técnicas a cualquier operativo contra el crimen organizado internacional visto hasta ahora.

El despliegue incluye a efectivos fuertemente armados, con fusiles de guerra, agentes especializados en la captura de criminales peligrosos, técnica canina, antimotines, así como patrullas en vehículos todos terrenos, calabozos móviles y autobuses.

Los agentes impidieron el acceso de los visitantes y de una parte de los empleados del complejo de oficinas, pese a lo cual algunos médicos lograron ingresar, según pudo conocer Efe.

Los médicos, que hasta este momento no han suspendido el plantón, también pretenden protestar por la “ola de despidos, represión y asedio” en las unidades de salud, contra los empleados públicos que “han cumplido con su juramente hipocrático”, según afirmó el líder del gremio, José Luis Borge.

Desde que estalló la crisis sociopolítica de Nicaragua, en abril de 2018, decenas de médicos y trabajadores de la salud han sido despedidos por desobedecer, según han denunciado, la orden expresa de no atender a opositores heridos en ataques armados de policías y paramilitares.

Estos abusos fueron confirmados en 2018 por el equipo de expertos independientes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza al Gobierno de Ortega por crímenes “de lesa humanidad” en el marco de la crisis.

En julio pasado, Estados Unidos aplicó sanciones económicas contra la exministra de Salud Sonia Castro por “violaciones significativas de los derechos humanos”, tras lo cual Ortega la apartó de su cargo de ministra y la nombró como su asesora personal.

Según la CIDH, al menos 326 personas han muerto en el marco de la crisis. Organizaciones nicaragüenses suman 594, y el Gobierno reconoce 200.

Un proceso de aplicación de la Carta Democrática está en proceso contra Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse le suspendería de la Organización de los Estados Americanos (OEA).




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