En un comunicado, difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el cuerpo anticorrupción informó que «como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial ‘Caiga quien Caiga’ en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)».
La CVG es un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.
En el texto, que no detalla el número o las identidades de los funcionarios para los que piden judicialización, se solicita «el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Lucha implacable
Entretanto, medios locales del estado Bolívar han reportado un importante despliegue policial en las afueras de la sede de la CVG.
El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».
Posteriormente, La Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco miembros de una vicepresidencia de la estatal petrolera Pdvsa y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados por el delito de «traición a la patria», entre otros. EFE
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