La ONG de Venezuela Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) computó 1.654 ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, entre 2017 y 2021, caracterizados por «la profundización de la política de criminalización», según un balance difundido este viernes.
La organización aseguró que «las agresiones, amenazas y obstacuaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país».
Del total de incidentes, 1.112 fueron identificados como «estigmatización» -actos destinados a desacreditar, ofender, señalar o acusar-, 301 hechos de hostigamiento e intimidación, 101 amenazas, 37 detenciones arbitrarias, 35 ataques digitales, 22 judicializaciones, 18 allanamientos y otros 28 casos no incluidos en ningún patrón en concreto.
Además, el centro identificó 2021 y 2017 como los periodos con más ataques, al computar 743 y 378, respectivamente. Sigue 2020 con 303 agresiones, 2019 con 135 y 2018 con 95.
La ONG aseguró que los ataques se centraron, sobre todo, en acciones para «neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción» de DD.HH. y que su incremento o disminución en cada año se relaciona con los hechos que ocurrieron en cada época.
«En los últimos cinco años, los patrones identificados se han perfeccionado y su aplicación se ha visto marcada por un incremento de hechos violentos, afectaciones a la integridad personal y vida, amenazas, y el uso del discurso de odio y descalificatorio en contra de las personas defensoras de derechos humanos», apuntó.
El CDJ exhortó a los mecanismos internacionales de protección de DD.HH. a ofrecer una respuesta «oportuna, fuerte y clara» en favor de los activistas.
.- La ONG de Venezuela Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) computó 1.654 ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, entre 2017 y 2021, caracterizados por "la profundización de la política de criminalización", según un balance difundido este viernes.){kind=link}