En menos de un mes fueron detenidos siete trabajadores, seis de ellos: Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés permanecen tras las rejas.
La doctora en sociología y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter explica que las recientes protestas que han protagonizado los trabajadores públicos de distintos sectores, en rechazo al instructivo Onapre que atenta contra las contrataciones colectivas, son percibidas por el gobierno oficialista como peligrosas para su estabilidad y por eso responde con “la política tradicional del garrote y de la criminalización”.
Esta “arremetida”, como fue catalogada por activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, forma parte de una “política de vieja data” que ha evolucionado a formas más represivas, detalló Richter, en reseña publicada por Efecto Cocuyo.
“La política estatal sistemática y coordinada contra el sector laboral tiene más de 12 años, las primeras detenciones sindicales fueron en 2007 en Ciudad Guayana donde los trabajadores salían a protestar y a los cinco minutos estaba la policía, el fiscal calificando y el juez dando la orden de detención. Es el uso del aparato penal y después avanzaron con el aparato penal militar para acallar las protestas”, explica.
Un elemento adicional es la participación, en estas manifestaciones, del Partido Comunista de Venezuela: “Esto también muestra la cara represiva frente a antiguos aliados (del Psuv), como el PCV, o contra la disidencia de izquierda que representa Bandera Roja”.
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