Políticos de Florida han prometido esta semana a sus electores que prohibirán a las empresas vinculadas con Venezuela hacer negocios en este estado del sureste de Estados Unidos, una medida popular pero irrealizable porque su aplicación depende del gobierno federal en Washington.
Florida, bastión de los venezolanos en el exterior, vigila con atención los acontecimientos en Venezuela, un país rico en petróleo pero sumido en una devastadora crisis económica y una oleada de protestas que en tres meses han dejado 91 muertos.
El miércoles, el gobernador republicano Rick Scott -quien se rumorea buscará un asiento en el Senado en Washington en 2018- anunció que presentará el mes próximo un proyecto de ley que prohíba al estado de Florida hacer negocios con empresas que apoyen el gobierno de Nicolás Maduro.
Sin dar más detalles, dijo que «los floridanos están junto al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y, como estado, no proveeremos nuestro apoyo a Maduro y sus matones».
Poco antes, el mismo miércoles, el senador estatal José Javier Rodríguez -quien buscará el año próximo un escaño en la cámara baja en Washington por el partido Demócrata- dijo que propondrá una ley que ponga fin a los negocios con el régimen de Maduro.
Pidió además a las agencias estatales que no esperen esta medida y comiencen a cortar sus vínculos con el banco de inversiones Goldman Sachs, por haber comprado a la petrolera estatal venezolana bonos de un valor de 2.800 millones de dólares a menos de la tercera parte de su precio (865 millones).
«El gobierno del régimen de Maduro tiene un horrendo y creciente récord de abusos de los derechos humanos», escribió Rodríguez, «y en el estado de Florida no tomaremos parte de ello».
Los anuncios de los políticos de que cortarán estos lazos con el gobierno de Maduro se ganaron los elogios de los venezolanos en el exterior. «Gracias», «excelente», «ya era hora», fueron algunos de los comentarios en Twitter.
Patricia Andrade, presidente de la organización de derechos humanos Venezuela Awareness, con sede en Miami, también se dijo complacida.
«Florida es un estado que por tradición hace negocios con Venezuela, pero ya la situación ha cambiado; Venezuela ya no es un país democrático», comentó a la AFP. «Es una dictadura violadora de los derechos humanos».
Cuando se le consultó si tales medidas serían viables, el director financiero del estado, Jimmy Patronis, respondió: «Bajo ninguna circunstancia Florida tendrá negocios con Estados que patrocinan el terrorismo».
Pero aún si el gobernador republicano logra pasar esa legislación por el Legislativo demócrata, el texto nacerá de manos atadas.
Venezuela no es uno de los países que apoyan el terrorismo, de acuerdo al Departamento de Estado estadounidense. Tras el retiro de Cuba en 2015, quedan en la lista Irán, Sudán y Siria.
– Pura política –
Tales propuestas «son básicamente política», dijo a la AFP la profesora Berta Hernández-Truyol, experta en derecho internacional de la escuela de derecho de la Universidad de Florida.
«Estas leyes no se pueden aplicar porque el comercio internacional está totalmente bajo la jurisdicción federal. El gobierno estatal no puede hacer lo que está haciendo», explicó este viernes.
Ya existe un antecedente de una ley similar, pero contra Cuba, que sigue vigente inútilmente porque no puede ser implementada.
Según recuerda el especialista en asuntos cubanos Paul Guzzo en su blog en el Tampa Bay Times, en 2012 Florida aprobó una ley similar que prohibía hacer negocios con empresas que a su vez hicieran negocios con Cuba.
Entonces la gigante brasileña Odebrecht, que tiene oficinas en Miami y trabajaba en un proyecto en Cuba, protestó tal enmienda ante una corte federal. En 2013, un tribunal de apelaciones decidió que la medida de Florida era inconstitucional.
«Aunque simbólicamente puedan adoptar una ley, no pueden hacer nada con ella», dijo la profesora, refiriéndose al caso Odebrecht y recordando las próximas elecciones legislativas de 2018.
Unos 225.000 venezolanos viven en Estados Unidos y la mitad de ellos llegaron desde hace más de una década. Cerca de la mitad se concentra en el estado de Florida (sureste), particularmente en Doral, un suburbio de Miami.
