El flujo de excarcelaciones que despertó una esperanza de reconciliación nacional tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la posterior promulgación de la Ley de Amnistía de 2026, ha experimentado un estancamiento al cierre del primer trimestre del año.
Diversas fuentes del sector militar y organizaciones de derechos humanos coinciden en que este frenazo judicial no es casual, sino que responde a que la mayoría de los presos políticos pertenecen al estamento militar y a su entorno familiar, sectores que han sido excluidos de los beneficios de libertad. Los uniformados y sus parientes representan 80,11% de la población carcelaria política.
La amnistía se ha convertido en un mecanismo de alivio para presos civiles, pero en una pared de cristal para quienes el Estado procesó bajo cargos de rebelión, conspiración o traición a la patria. Detrás de esa cifra se extiende una política sostenida de más de una década de persecución judicial, uso de tribunales militares y de terrorismo, torturas documentadas y un sistema cada vez más visible de castigo y encarcelamiento a los familiares de los oficiales como mecanismo de presión, conocido como el patrón Sippenhaft.
Antes de la Ley de Amnistía, la lista pública de militares presos era de 195 personas. A pesar de que el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aseguró que 31 militares se beneficiaron de una libertad condicional concedida el 28 de febrero de 2026, al día de hoy, todavía existen 188 uniformados en diferentes cárceles, según Foro Penal. De los 31 liberados, solo se han podido identificar plenamente por nombre y rango a la Capitán Rocío Fernández y al Teniente de Corbeta Jesús Sifontes, debido a la opacidad procesal del sistema de justicia.
Excluidos de la amnistía
Aunque el conflicto es nacional, la presión punitiva del Estado mantiene un enfoque desproporcionado sobre los uniformados de la FAN en comparación con otros sectores de la sociedad civil. El sector militar representa una parte crítica de la población penitenciaria por motivos políticos y constituye el 37.37% de un total de 503 presos constatados. A esto se suman unos 215 (42.74%) civiles detenidos por su vínculo consanguíneo o de afinidad con estos oficiales, lo que consolida una realidad: La paralización de las liberaciones responde a una estrategia de control institucional sobre la Fuerza Armada Nacional. Sin la cabeza del viejo régimen, la arquitectura represiva que convirtió a estos militares en rehenes sigue en pie.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero de 2026 y presentada como un cierre del ciclo represivo chavista, revisa teóricamente 27 años (1999‑2026), pero se limita a 13 episodios concentrados en solo 14 de esos años —golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2013, 2017 y 2024, entre otros— dejando fuera a casi todos los procesos ligados a operaciones militares. El artículo 9 excluye a acusados de violaciones de derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción, crímenes de guerra y, de forma amplia, a quienes hayan promovido o participado en “acciones armadas o de fuerza”, la fórmula bajo la cual se ha procesado a la mayoría de los oficiales presos.
"Estarán excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en esta Ley, las acciones u omisiones que constituyan los siguientes delitos:
- Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Homicidio intencional y lesiones gravísimas.
- Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
- Delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.
Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en esta Ley, las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras" (Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, 2026, art. 9).
Una fuerza armada sitiada desde adentro
Desde 2014, el chavismo ha encarcelado, procesado o sometido a medidas cautelares a centenares de militares acusados de conspirar, desobedecer órdenes o filtrar información, en paralelo al auge de las protestas y las fracturas internas dentro de la FAN.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y organizaciones como Foro Penal han documentado un patrón que se repite: detenciones arbitrarias, desapariciones breves, incomunicación prolongada, torturas para obtener confesiones, juicios sin garantías y uso sistemático de tribunales militares para castigar la disidencia dentro de la FAN. No se trata de episodios aislados, sino de una política de control interno, de acuerdo con diferentes fuentes consultadas.
Para la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, el gobierno “no quiere tener libres a militares institucionales, militares que hayan hecho carrera con tropas y aquellos que tengan respeto dentro de la tropa porque no les interesa que quienes son respetados dentro de la institución estén libres”. Esto responde a un sistema de contención de la FAN que implica encarcelar, por un lado, a “individuos valiosos”, incluso si no están directamente relacionados con operaciones específicas de rebelión.
Este es el caso del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, que ha obtenido el mayor promedio de calificaciones como cadete en la historia de la Academia Militar de Venezuela y fue detenido en 2018 tras reclamar, en una reunión a puertas cerradas, mejores condiciones alimenticias para su tropa armada, condenar la corrupción institucional y exigir equipamiento para las unidades. El delito que se le imputa es, en cambio, traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar. Exigir mejoras dentro de la institución lo llevó a él y muchos otros a prisión.
El general Eduardo José Báez Torrealba, oficial retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela que actualmente vive en el exilio, asegura que la cifra de detenidos desnuda no solo una estadística, sino “una profunda fractura interna y un descontento que no han podido aplacar ni con persecución ni con vigilancia”. Otro general retirado de la Fuerza Aérea que, por razones de seguridad será llamado “general Julián Salcedo”, agrega que “los presos políticos son utilizados por unos cuantas personas leales e incondicionales al régimen de Nicolás Maduro, ahora Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello” para “silenciar” a aquellos que denuncian arbitrariedades dentro del sistema, así como “medio de extorsión y amenazas para los activos y retirados que intenten ser honestos o cumplir con las leyes”.
Báez apoya esta teoría: “No se trata de indisciplina; un militar indisciplinado es alguien que falta a su servicio o rompe una norma menor. Aquí hablamos de oficiales que han tomado la decisión consciente de no ser cómplices”, afirma. El general forma parte del grupo de los uniformados que tuvieron que irse a la fuerza del país. Fue degradado y expulsado de la FAN por el gobierno venezolano bajo acusaciones de ser "indigno" y atentar contra la seguridad nacional, mediante el decreto N° 3.299 por el que también Maduro degradó y expulsó a otros 23 funcionarios de la FAN, el 28 de febrero de 201, incluidos el general Raúl Isaías Baduel, quien murió en circunstancias sospechosas y denuncias de tortura, bajo custodia del Estado.
Sobre la institución que le cerró las puertas, Báaz asegura que, “en su cúpula, es rehén del poder civil, pero que en sus mandos medios y bases tiene un germen de libertad que el régimen intenta extirpar mediante el terror”.
Patrón sistemático
Salcedo relata, por su parte, la amenaza y humillación a la que se han visto expuestos desde hace décadas: “Se realizan exposiciones, reuniones, arengas, donde se expone al escarnio público a los compañeros transmitiendo un mensaje sencillo y directo: si preguntas por ellos, puedes ir preso; si no sigues las instrucciones ilegales del régimen de Maduro y su gente, puedes ir preso”. Subraya que han sido “amenazados” con “desaparecerlos y perder la vida, utilizando los tribunales o jueces corruptos civiles y militares para aparentar que existe legalidad en todo”.
Las fuentes consultadas coinciden en que existe un “patrón sistemático destinado a perpetuar la sumisión de los militares”, no solo con la cárcel, sino con una sucesión de mecanismos diseñados para impedir su salida definitiva. Además de la detención, son enjuiciados por los mismos delitos, el traslado a otros centros, las desapariciones breves y la implicación en nuevos expedientes posteriores a su detención, incluso en casos que poco o nada tienen que ver con ellos. Todo ello configura, en la práctica, un ciclo casi eterno que mantiene a buena parte de estos oficiales atrapados en procesos abiertos, impidiendo su liberación plena y reforzando, desde adentro, la obediencia de la FAN al régimen. La abogada Tamara Suju resume estas prácticas en las siguientes:
Imputaciones genéricas de “traición a la patria”, “instigación a la rebelión”, “terrorismo” y “asociación para delinquir” sin evidencia sólida o bien, cuando las causas que reales son políticas, como denuncias de corrupción dentro de la FAN o solicitudes de mejoras a las tropas.
- Restricciones a la defensa e incumplimiento de plazos legales: es un patrón la intimidación a abogados defensores, exclusiones de audiencias, expedientes bajo secreto.
- Juzgamientos por los mismos hechos o con cargos agravados: militares que ya han cumplido sus penas son vueltos a presentar en tribunales, a menudo con delitos más agravados y en tribunales contra el terrorismo, lo cual es una violación del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos.
- Engaño y traslado a centros de tortura: en algunos casos, a los militares se les engaña diciéndoles que serán liberados, pero en su lugar son trasladados a centros de tortura como el Fuerte Guaicaipuro, que es uno de los peores.
- Desaparición forzada y secuestro de estado: los militares son desaparecidos por períodos prolongados, sin que sus abogados o familiares sepan de su paradero o los motivos de su detención. Esto es descrito como un "secuestro de estado".
- Implicación en casos posteriores a su detención: se les imputan delitos en casos que ocurrieron cuando ya estaban detenidos.
- Uso de casos antiguos para justificar detenciones: el régimen utiliza casos antiguos, como el de los explosivos en la Plaza Venezuela o la Operación Oro, para implicar a personas que estaban desaparecidas o que no tienen ninguna vinculación con esos hechos, como una forma de represalia.
- Persecución de familiares: se detiene y encarcela a familiares de militares buscados o en el exilio, incluso a menores de edad y personas de la tercera edad, como una forma de presión o represalia.
- Torturas sistemáticas: los militares presos, al igual que los civiles y sus familiares, son sometidos a torturas terribles y sistemáticas, incluyendo intubaciones por el pene, ano y nariz, golpes, ahogamientos simulados, simulaciones de ejecución, y condiciones infrahumanas que buscan destruir su salud física y mental. No hay diferenciación en el trato por rango militar.
El ciclo de la sumisión: el patrón de represión contra los militares
La persecución sistemática a familiares es una de las dimensiones menos visibles, pero más crueles, que ha sido denominada por ONGs como "criminalización por afecto". Un informe de 2024 de la organización Familiares de Presos Políticos Militares (FPPM) advirtió que la DGCIM y otros cuerpos “han extendido la persecución a hijos, madres, esposas, parejas, hermanas y otros familiares”, llegando a mantenerlos en prisión o bajo secuestro para “generar terror y forzar declaraciones” que avalen supuestos magnicidios y conspiraciones.
Incluso quienes documentan estas violaciones han pasado a ser perseguidos. En enero de 2024, el fiscal general Tarek William Saab anunció órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y la abogada Tamara Suju, entre otros defensores y periodistas, acusándolos de formar parte de supuestas tramas conspirativas.
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