El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado rechazó este lunes los hechos violentos cometidos en La Vega, en el que 24 personas perdieron la vida.
En el operativo que llevaron a cabo diferentes cuerpos policiales (FAES, Cicpc, Conas y PNB), advirtió, se asemejan a los que dejaron las primeras actuaciones de las llamadas Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), que inició en el año 2015 la administración de Nicolás Maduro, donde ejercían el control sobre la comunidad mediante métodos represivo.
“El gatillo de un político, no es el juez para decidir quien vive o quien muere”, dijo prado a través de las redes sociales.
Igualmente, recordó que las primeras OLP (Operación Liberación del Pueblo), efectuadas en la Cota 905 tuvo un saldo de 17 muertos, y otra efectuada en el estado Aragua en 2016 finalizó con 16 fallecimientos, lo que significa que el reciente en La Vega, publicó el Centro de Comunicación Nacional.
Las acusaciones contra las FAES y otros cuerpos policiales han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales, y sustentan el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (PPI), que ya ha señalado que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017.
La misión de investigación de la ONU también recogió en su informe, presentado el pasado septiembre, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los vecinos denunciaron disparos
Prado relató que vecinos denunciaron disparos de armas de fuego en distintos puntos la noche del miércoles 6 de enero, cuando delincuentes de varias organizaciones aparentemente se disputaban la zona para sus actividades criminales; luego el viernes 7 y 8 de enero arribaron al menos 350 agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), escuadrón acusado de numerosas violaciones a los Derechos Humanos.
Familiares de los fallecidos denunciaron que fueron ejecutados en la calle y dentro de sus casas. “La masacre estuvo protagonizada por un grupo de hombres vestidos de negro y con armas largas que pertenecían en su mayoría a las FAES y fueron cerro arriba en la noche, poco después bajaron por las escaleras entrando a la fuerza a las casas y en vehículos asesinando a quienes estaban circulando cerca de las 9:30 pm”, testificaron las familias.
Al menos 10 de las personas asesinadas solo recibieron un disparo en pecho. Uno de ellos fue identificado como Nelson Villalta, de 50 años. Su esposa declaró que era profesor de música en Fundamusical en Chapellin y actualmente trabajaba como vigilante en un hotel en Altamira, indicó el periodista Roman Camacho. Presuntamente se había quedado en la línea de fuego de la supuesta balacera que hubo el viernes en La Vega.
“También se informó de la muerte de Néstor Duarte, asesinado en su casa por funcionarios de las FAES. Era padre de una niña de 14 años”, indicó la Comisión de Derechos Humanos.
Entre las denuncias resalta la de la familia de Jonathan Useche, quien fue sacado de su casa encapuchado por los funcionarios de las FAES. Su cuerpo estaba el sábado en la morgue de Bello Monte. Mientras, Carlos Alfredo Hernández Hurtado, había salido la mañana del viernes de su casa para comprar un queso y luego iba a reunirse con un amigo. Cuando caminaba por la calle Independencia lo balearon, afirmó un familiar. Ambos tenían 17 años.
“Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Bello Monte, donde los funcionarios informaron que los allegados no podrían velar a sus víctimas, porque los cadáveres serían llevados directamente al cementerio”, según conoció la Comisión de DD.HH..
Crímenes de lesa humanidad
Venezuela registró 12 mil fallecidos en hechos violentos en 2020 según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una tasa de 45,6 por cada 100 mil habitantes, 7 veces mayor a la media mundial.
Las FAES han sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. El pasado 29 de septiembre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar preocupada por “los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de “operativos de seguridad”, revelando que su oficina registró 711 muertes entre junio y agosto de 2020.
Además, denunció, que más de 2 mil muertes por operativos policiales en Venezuela desde enero de 2020. “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes”, dijo la Alta Comisionada.
Ante esto, pidió disolver ese cuerpo de seguridad y sus altos mandos debían rendir cuentas por los cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres del país, sin embargo, el grupo de exterminio ha recibido pleno respaldo del régimen de Nicolás Maduro.
