En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministerio de Justicia de Chile presentó este martes 17 querellas por crímenes hasta ahora no investigados y cometidos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) contra 25 personas.
«A lo largo de este año vamos a presentar más de 60 querellas por 355 víctimas, detenidos desaparecidos y fundamentalmente ejecutadas y ejecutados políticos durante la dictadura que hasta hoy día, increíblemente casi 50 años después, no contaban con ningún proceso judicial vigente por su desaparición o ejecución», dijo a Efe la ministra de la cartera, Marcela Ríos.
«Como Gobierno hemos empezado este proceso para hacernos cargo de una deuda con los familiares, con las víctimas, una solicitud que también nos ha hecho el comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada (…) el Estado tiene que agotar todas las instancias para poder conocer el paradero y las circunstancias en las cuales estas personas fueron ejecutadas o desaparecidas», agregó la secretaria de Estado.
El grupo de querellas fue interpuesto en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, correspondiente a 25 víctimas, tres de ellas sometidas a desaparición forzada por parte de agentes del Estado.
Uno de los documentos refiere al caso del nonato de la víctima sobreviviente Clementina Soto, «en la que se analiza la violencia ejercida en contra de las mujeres obligándolas a abortar producto de las torturas que sufrieron», señalan desde el ministerio.
«Hoy tenemos la voluntad política del Gobierno»
Junto a las autoridades ministeriales, dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos asistieron a tribunales para acompañar el inicio del proceso judicial, valorando la acción como un «acto reivindicatorio».
«Nosotras abrazamos este día, lo conmemoramos a lo largo de todo Chile porque dignifica nuestra lucha. Este día en particular tiene un sabor más cálido, más digno, cuando vemos que un Gobierno hace estas querellas. Nos damos cuenta que no estamos solas», señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.
«Ha sido un duro y largo camino que todas las que estamos aquí y mucho que no están lo hemos vivido. Es un día memorable, porque hay un Gobierno que tiene la voluntad política de que haya verdad, justicia y eso nos garantiza la no repetición», agregó la dirigente.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ADFF), Gaby Rivera, aseguró que se trata de una jornada que se vive con «duelo, pero también con alegría».
«Es un tema que tiene que asumir el Estado de Chile de hoy en adelante, porque nunca lo asumió como tal (…) Hoy tenemos la voluntad política del Gobierno, que no tuvimos con ningún otro, sin duda, el buscar. Hoy el Gobierno está al lado nuestro, y nosotros al lado del Gobierno», afirmó.
«Esperamos colaborar»
El pasado 1 de junio el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la elaboración de un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, tarea que por estos días se encuentra en una primera etapa y en que las agrupaciones de familiares esperan jugar un rol protagónico.
«Lo que nosotros queremos es colaborar absolutamente y en el 100% con las familias que aún no han encontrado a sus familiares. Es una necesidad humana saber qué pasó y reconocer dónde está el familiar. Es necesaria la búsqueda, es necesario este plan. Es una sanación para las familias», dijo a Efe la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine, Flor Lazo.
«Estas querellas hablan de que son 49 años, es mucho tiempo. A mí me sorprende que no se hayan hecho las denuncias anteriormente (…) No puede haber ningún detenido desaparecido sin justicia, eso es vital para las familias y para nosotros, que se haga justicia y saber qué pasó con ellos, dónde están, porque no hay ningún antecedente», agregó.
Según datos oficiales, durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), instaurada tras un golpe militar que derrocó al presidente democrático Salvador Allende, alrededor de 3 mil 200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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