El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo este viernes que nunca ha pensado en dimitir como ha pedido la población en varias manifestaciones desde hace un mes, cuando intentó, sin éxito, expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
«Si todo se hace correctamente tenemos que empezar a servir», dijo el mandatario este viernes en una actividad en el departamento de Chiquimula, según reportan los medios locales, unas declaraciones que son las primeras desde hace más de un mes.
Cuestionado por si el Gobierno está estudiando modificar el mandato de la CICIG, como el mismo anunció en la Asamblea General de la ONU, cuando mostró su confianza en que se puede «perfeccionar» con «objetividad y ecuanimidad», Morales señaló que «nunca» dijo que «quería cambiar nada».
«Bajo ninguna circunstancia hemos hablado mal, lo contrario, necesitamos fortalecer las instituciones», mejorar el funcionamiento de las mismas y establecer un Estado de Derecho, declaró Morales.
Especificó que se han «iniciando los procesos para que las partes involucradas, la ONU más el Gobierno de Guatemala, puedan sentarse para pode verificar si existiesen algunas situaciones que deban interpretarse correctamente», de acuerdo con las leyes locales.
Estas declaraciones se producen después de que el propio presidente señalara en la ONU que la CICIG debería ser garante del «debido proceso, la presunción de inocencia y evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política».
«Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad», insistió, y agregó: «Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y del acuerdo de la CICIG, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar el cometido de la comisión».
La CICIG, desde su creación en 2007, está orientada a investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, promover su persecución y respectiva sanción, además de hacer recomendaciones al Estado sobre políticas públicas y reformas para acabar con ellas.
El pasado 27 de agosto Morales declaró non grato al comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, y ordenó su inmediata expulsión del país, por considerar su trabajo como una injerencia extranjera.
Morales había sido denunciado previamente por el Ministerio Público y la CICIG por ocultar información sobre los fondos que recibió su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para financiar la campaña de 2015, cuando fue secretario general de esa formación.
Sin embargo, un amparo otorgado a la Procuraduría de Derechos Humanos por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, frenó la expulsión por considerar «ilegal» la decisión del mandatario.
