Presión de la ONU y errores redujeron letalidad de las FAES a finales de 2020
/ Foto: Cortesía (Caraota Digital)

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana cercenaron la vida de 635 personas durante 2020, 598 personas menos que el año precedente, lo que responde a la presión que significaron los informes de la Alta Comisionada para los DD.HH. y el de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, unido a algunos procedimientos erróneos, en los que resultó letalmente afectada gente con dolientes dentro del chavismo.

Señala la web del diario Tal Cual que las estadísticas dieron cuenta de una reducción significativa de la actividad de las FAES en el último trimestre de 2020, luego de que se registraran abusos procedimentales que generaron la intervención del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, y de las denuncias de funcionarios de las Naciones Unidas.

Entre enero y septiembre, las FAES abatieron a 606 personas, para un promedio mensual de algo más de 67 muertos por mes. En el último trimestre del año, el promedio bajó hasta las nueve personas muertas por mes.

“Errores”

La explicación a esta reducción son tres “errores” en su actuación, además de los mencionados informes internacionales. Uno de estos “errores” se reportó el 11 de junio de 2020, cuando cerca de la una de la madrugada, un grupo de funcionarios de las FAES dieron muerte a cinco personas, entre ellas a Wilmer Yanez, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, bajo el habitual alegato del enfrentamiento.

Al parecer, los integrantes de las FAES no sabían que Wilmer Yánez era escolta de la, para el momento, ministra de Prisiones, Iris Varela, lo que provocó que la funcionaria exigiera una investigación, algo aceptado con inusitada prontitud por el fiscal general Tarek William Saab. Días después, se anunció la detención de los funcionarios responsables.

El 21 de agosto de 2020, los integrantes de las FAES incurrieron en otro “error”. En Cabimas, estado Zulia, en la estación Guacamaya TV, dieron muerte a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, el primero camarógrafo, el segundo hijo del dueño de la planta de televisión.  Nieves era también militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó la reacción del fiscal impuesto por la ANC, cuyo despacho pidió la detención de seis agentes de las FAES.

Un tercer incidente, que se saldó sin víctimas, ocurrió también en el estado Zulia el 16 de noviembre de 2020, cuando funcionarios de las FAES se presentaron en la hacienda de Américo Ledezma, ubicada al sur del Lago de Maracaibo, obligando a los trabajadores presentes a cavar un profundo hueco que algunos especularon tenía como fin ser la tumba de algunos trabajadores de la finca.

Credibilidad desplomada

Esta acción policial llevó al fiscal Tarek William Saab a pedir la detención de los agentes involucrados y a afirmar que “no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES”. Estos tres hechos fueron un duro golpe para la credibilidad del cuerpo policial.

En la mira de la ONU

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunció la actuación de las FAES en Venezuela y le pidió al gobierno de Maduro su disolución en varias ocasiones. La respuesta que obtuvo de parte del propio Maduro fue de más respaldo para este cuerpo policial.

Por su parte, la Misión de Determinación de los Hechos hizo responsables a Nicolás Maduro y los generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, quienes para el momento del informe se desempeñaban como ministros de la Defensa y Relaciones Interiores.

Para Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, la reducción en el número de muertos “más bien confirma que las FAES actúan de manera orgánica y no que son excesos de un funcionario individualmente considerado. Hay una actuación estructural para violar los DD.HH., que ahora se está inhibiendo por la presión internacional”.

Marino Alvarado, director de Provea, coincide con Daniels y afirma que “es una política de Estado. No solo del Poder Ejecutivo, hay complicidad de la Fiscalía y Defensoría. Se alienta desde los altos funcionarios incluyendo a Maduro. Una política de mano dura, donde se pretende que con terror se amilane la delincuencia, pero que no ha funcionado”.

Lee la nota completa en Tal Cual.




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