La polémica decisión de imponer una ley de seguridad nacional a Hong Kong situaba este viernes a China bajo una fuerte presión internacional, alimentada por las advertencias de los países occidentales, una intervención en la ONU y las encendidas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En un comunicado conjunto, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, que lideran la oposición internacional al proyecto, acusaron el jueves a Pekín de violar sus obligaciones internacionales respecto a Hong Kong.
El proyecto de ley chino castigará la secesión, la subversión del poder del Estado, el terrorismo y actos que pongan en riesgo la seguridad nacional y permitirá que las agencias de seguridad del continente operen abiertamente en Hong Kong. Además, castiga la injerencia extranjera en este territorio semiautónomo chino.
Para los países occidentales, el objetivo es acallar a la oposición hongkonesa y mermar las libertades, lo que desmiente formalmente el gobierno de Pekín.
La adopción de este texto el jueves por el Parlamento chino se produce tras las gigantescas manifestaciones en Hong Kong de 2019 contra la influencia de China, que contribuyeron a un aumento de las ideas proindependencia, hasta entonces minoritarias en la excolonia británica.
China ha acusado a Washington de jugar con fuego al apoyar públicamente a los manifestantes. También acusó a los manifestantes más radicales de librarse a actividades «terroristas».
En virtud del principio «un país, dos sistemas», que rige las relaciones con Pekín desde que el territorio fue devuelto por Reino Unido a China en 1997, Hong Kong tiene una amplia autonomía, libertad de expresión y una justicia independiente.
¿Fin de la autonomía?
Según Estados Unidos y Reino Unido, el proyecto de ley sobre seguridad nacional atenta contra la autonomía de Hong Kong.
Ambos países convocaron para este viernes una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU por videoconferencia y a puerta cerrada, informaron a la AFP fuentes diplomáticas.
En un comunicado conjunto, estos dos países, además de Canadá y Australia, acusaron el jueves a Pekín de violar sus obligaciones ante Hong Kong y sus siete millones de habitantes.
En un contexto de fuertes tensiones entre Pekin y Washington –en torno a la covid-19, la guerra comercial, Taiwán y la minoría uigur– el presidente Trump aseguró que anunciará «lo que vamos a hacer con China» en una conferencia de prensa prevista este viernes.
La votación el jueves en el Parlamento chino se produjo horas después de que Washington declarara formalmente que Hong Kong no gozaba más de la autonomía prometida por China, abriendo la vía a suprimir los privilegios económicos y comerciales estadounidenses otorgados a la excolonia británica.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que Pekín incumple los acuerdos firmados con Reino Unido, que conferían a Hong Kong un «alto grado de autonomía».
La «Ley fundamental», una pequeña Constitución que rige en Hong Kong desde 1997, obliga a las autoridades hongkonesas implementar una ley sobre seguridad nacional.
«Pequeña minoria»
Pero una iniciativa en este sentido en 2003 provocó grandes manifestaciones, y el proyecto fue abandonado.
China ha llegado al límite de su paciencia y se dispone ahora a imponer una legislación.
Como era de esperar, la prensa china saludaba este viernes la luz verde a la ley, afirmando que garantizará la estabilidad y la autonomía del territorio.
La ley se aplicará solamente a «una pequeña minoría de personas sospechosas de cometer crímenes contra la seguridad nacional», aseguraba en su editorial el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China.
Pero en Hong Kong, los opositores a la influencia del gobierno central chino afirman que la medida abre el camino a un retroceso sin precedentes de las libertades en esta metrópolis financiera.
«Es el fin de Hong Kong», dijo a la AFP Claudia Mo, diputada prodemocracia en el Consejo Legislativo hongkonés. «A partir de ahora, Hong Kong será una ciudad china como las demás», añadió.
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