Presos extranjeros que permanecen recluidos en el establecimiento que fuera el anexo de la cárcel de La Planta, en El Paraíso, reinaugurado el año pasado bajo el nombre de Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, denunciaron que sistemáticamente están siendo vulnerados sus derechos humanos.
Los reclusos le enviaron una carta a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en la cual denuncian el incumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento al Recluso, instrumento internacional de las Naciones Unidas (ONU), también conocidas como Reglas Mandela.
Prado distribuyó el año pasado copias de dichas reglas a lo largo y ancho del territorio nacional, para que las autoridades se instruyan respecto al tema.
Las reglas deben aplicarse de forma imparcial y sin discriminación, dijo el director del OVP.
Prado señaló que todos los reclusos deben ser tratados con respeto a su dignidad y condición de ser humano, sin agravar los sufrimientos que ya implica la privación de libertad, ni ser sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, para reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad.
Estos objetivos sólo pueden lograrse con educación, salud, formación profesional y trabajo, y otras formas de asistencia que les permita reinsertarse en la sociedad cuando recobren la libertad, explicó Prado.
Los presos extranjeros se sienten discriminados, obligados a profesar una religión o ideología política distinta a las suyas, agregó.
El OVP ha recibido denuncias similares provenientes de otros centros carcelarios controlados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, al mando de Iris Varela, donde los obligan a hacer orden cerrado y vocear consignas de apoyo al Gobierno.
Los detenidos por delitos menores son tratados igual o peor que los de alta peligrosidad, cuando estos últimos gozan de los beneficios que el dinero puede comprar, detalló el denunciante.
Hay hacinamiento, las celdas no tienen ventilación, ni condiciones de higiene, nunca hay agua, las duchas no fueron concluidas, se les expone al escarnio público al sacarlos uniformados a limpiar áreas externas donde son víctimas de insultos y humillaciones por parte de transeúntes.
La dotación de uniformes es precaria y les cuesta mantenerlos limpios. No hay medicinas en la enfermería para un recluso con VIH y otros con tuberculosis, y temen que se desate una epidemia. Tampoco hay un transporte adecuado para trasladar a enfermos o heridos en caso de emergencia, aseguró el abogado.
Son objeto de malos tratos durante requisas arbitrarias, solo tienen derecho a una llamada de cinco minutos por semana a un familiar, no les permiten visitas y menos encuentros conyugales. Tampoco tienen derecho a recibir o enviar correspondencia.
En la misiva expresan: “Nos sentimos vil y salvajemente pisoteados por un Gobierno que practica la mentira y la hipocresía. Un Gobierno que proclama su sistema penitenciario como humanitario, cuando realmente es inhumano al quitarnos todo contacto con el mundo externo, con nuestras familias. Este es un sistema que, en vez de crear al hombre nuevo, solo está creando monstruos llenos de resentimiento e impotencia”.
Ante el abandono, algunos presos han pensado suicidarse.
Prado señaló que el Estado trata muy mal a los presos extranjeros, irrespetando al ser humano. Anunció que notificarán de la situación a las embajadas para que conozcan lo que ocurre a sus connacionales detenidos.
El declarante instó a la Defensoría del Pueblo para que haga cumplir el artículo 280 de la Constitución, que obliga a velar por los derechos humanos y al Ministerio Público designar fiscales de Derechos Fundamentales para que visiten el recinto y constaten la realidad que viven estos ciudadanos extranjeros.
