Crónica Uno
Por Rafael Lastra Veracierto @rala1970
La Guaira. Ocho agentes de la Policía Municipal de Vargas quedaron privados de su libertad por, presuntamente, extorsionar a comerciantes guaireños, dedicados a la venta de material de chatarra.
Todo comenzó cuando el comerciante afectado hizo una denuncia formal. El Ministerio Público pidió las órdenes de captura al Tribunal 1º de Control de La Guaira. El pasado domingo 12 de noviembre, los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) procedieron a detener a los ocho policías de la Alcaldía de Vargas, entre ellos al secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Junior Iriarte.
En las investigaciones previas, se localizaron mensajes de WhatsApp y audios en los que algunos policías municipales presionaban al comerciante para que les cancelara la cantidad de 200 dólares (Bs. 7438).
Los policías también lo habrían amenazado con “sembrarle drogas” o señalarlo de tráfico de materiales estratégicos, si no accedía a la exigencia monetaria.
A otros comerciantes que se dedican a la venta de chatarras les pidieron la cantidad de 40 dólares a la semana (Bs 1487). Estas personas no hicieron denuncias formales.
La audiencia
Luego de nueve horas de la audiencia de presentación, el Tribunal 1º de Control de La Guaira acogió este jueves la solicitud del Ministerio Público.
El ente solicitó la medida preventiva contra el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Junior Iriarte Corro. Asimismo la de los agentes policiales Omar Borrero Pérez, Joswar Rodríguez Meneses, Reinaldo Botina Monasterios, Raini Bogado Martínez, Guillermo Beltrán Gutiérrez, Nelson Cañizález Gil y Luis Borges.
A los involucrados se les imputaron los delitos de privación ilegítima de libertad, acto arbitrario, retraso u omisión de funciones y asociación para delinquir.
Estos tipos penales están contemplados en el Código Penal venezolano y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
Los ocho funcionarios policiales permanecerán apresados en las celdas de su comando de adscripción, en la sede de la Policía Municipal de Vargas, ubicada en Macuto, hasta que el juzgado determine otro sitio de reclusión.
En los próximos 45 días, la Fiscalía 9ª de La Guaira debe consignar el acto conclusivo de la causa: acusación de los implicados, sobreseimiento de la causa o pedir el archivo de la misma.
Trascendió a Crónica.Uno que desde enero de este año se interpusieron denuncias similares, pero las autoridades policiales y militares de la región no las atendieron.
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