Sus nombres no están en la agenda que se debate en Caracas. Allá de ellos nadie habla. No son famosos ni líderes partidistas, pero son presos políticos. Son cuatro, y están en Carabobo tras las rejas al ser señalados como autores de hechos en los que nunca participaron. Las evidencias así lo indican. Aún así, están sin libertad mientras sus procesos judiciales se enmarcan en vicios y retardos.
“Ellos están el olvido de la oposición y el oficialismo”, reflexionó Eliécer Jiménez, abogado defensor de dos de las víctimas. En los anuncios de liberación de algunos detenidos por razones políticas, derivados de los acuerdos de la mesa de negociación instalada entre el Gobierno y sus adversores, no se ha incluido a quienes esperan por justicia desde Carabobo.
Se trata de Antonio Garbi y Juan Poletti, ambos acusados del asesinato del capitán de la Guardia Nacional, Ramzor Bracho Bracho, el 12 de marzo de 2014 durante una manifestación en El Trigal. Ninguno de los implicados estuvo ese día en el lugar del hecho. Hay pruebas en los expedientes que así lo corroboran.
Carlos Ramos, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), está en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Naguanagua desde el 7 de abril de 2014, acusado de presuntamente haber asesinado al estudiante Jesús Acosta, el 12 de marzo de 2014 en La Isabelica. Pero el día del suceso Ramos estaba en su casa a más de kilómetro y medio de donde ocurrió el homicidio de Acosta. Las pruebas de balística y planimetría determinaron que no tuvo ninguna participación y las balas encontradas en no provenían del arma del funcionario. Es otro preso político. “El Gobierno simplemente necesita tener gente presa al azar para llenar estadísticas”.
El 12 de abril de 2014 fue detenido Ángel Betancourt por el Sebin en el aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui. Se presume que estaba violando la medida cautelar que le dieron en el año 2010 cuando fue detenido en una manifestación en el estado Carabobo. Fue trasladado a Valencia donde fue presentado a tribunales y le dictaron la medida de arresto domiciliario, que aún se mantiene.
POLÍTICA DE DIFERIMIENTOS
Abrumada y desesperada. Esas son las dos palabras que utiliza Carmen González para definir cómo se siente. Ella es la madre de Antonio Garbi, quien tiene 600 días tras las rejas. 37% de ese tiempo ha estado en el Internado Judicial Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, donde las visitas se han limitado a dos al mes.
Han sido meses duros para González, quien en 2008 perdió a su esposo en un secuestro. Nunca apareció. Ella solo respira profundo cuando se plantea la posibilidad de que lo trasladen a Aragua. Es un opción que no se descarta desde el 15 de noviembre, cuando se conoció que la causa de Garbi y Poletti fue radicada en el Circuito Judicial de ese estado de manera imprevista. Se desconocen las causas.
Ocho veces fue diferida la audiencia preliminar. Y en tres oportunidades ha ocurrido lo mismo con el inicio del juicio que estaba planteado para el 1 de diciembre, pero con el traslado del caso la incertidumbre es la norma.
