En procedimientos llenos de vicios. Así se han dado los traslados de la mayoría de los 21 presos políticos de Carabobo, cuya defensa, y en algunos casos ni el tribunal, han sido notificados de esta medida.
Pero no es algo nuevo. Ya antes del Decreto 4.610 de la Gaceta Oficial 42.125, que ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) transferir el ejercicio de custodia de los presos al Ministerio Penitenciario, estas acciones se ejecutaban.
La ilegalidad parece ser la ley. “Esto vulnera el código penitenciario porque se hace por resolución presidencial, y violenta la norma al no notificar a la defensa, a los abogados, ni al tribunal del traslado y eso es irregular”, aseguró el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt.
En cada traslado impera la incertidumbre de los presos políticos. Ellos desconocen a dónde los llevan y las causas de esa acción, por lo que se vulneran sus derechos humanos.
Por la libertad de los presos políticos
El problema de los privados de libertad de Venezuela no se resuelve con traslados. Si bien es cierto que los centros preventivos como los calabozos del Sebin, la Dgcim, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y el resto de los cuerpos policiales, no deben tener por más de 48 personas a un detenido, llevarlos a otras cárceles es igual o peor.
La causa de esto es clara: El sistema carcelario está totalmente colapsado. “Ninguna de las cárceles del país cumple con las normas mínimas penitenciarias para la reclusión de personas”.
Betancourt resaltó que esta resolución no es más que una maniobra del gobierno para tratar de justificar ante la Fiscalía Penal Internacional que se está cumpliendo con los compromisos adquiridos y argumentar que no existen presos políticos. “Pero no es cierto porque ya hemos denunciado torturas y casos graves y degradantes”.
El hacinamiento es la norma. “En el estado Carabobo hay centros, como el Cicpc donde hay 200 personas privadas de libertad en sus calabozos. Eso evidencia hacinamiento y eso pasa en muchas cárceles del estado”.
Desde el Foro Penal la exigencia es la liberación de todos los presos políticos del país, “porque ellos no deben estar en ningún calabozo”.
