(Foto referencial)

Río de Janeiro, cuya seguridad fue intervenida por el Gobierno brasileño ante el salto de la violencia, tiene 51 mil 511 presos pese a que la capacidad de su sistema carcelario se limita a 28 mil 688 plazas, y 33 de sus 45 cárceles operando por encima de sus posibilidades, informaron hoy fuentes oficiales.

La situación más grave es la de la cárcel Tiago Teles, en São Gonçalo, municipio de la región metropolitana de Río, que alberga mil 963 presos provisionales pese a su capacidad para 630 internos, lo que deja su tasa de hacinamiento en el 212 %, según el informe divulgado por la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro.

El Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, en Bangu, barrio de la zona oeste de la ciudad, ya fue objeto de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió su cierre porque no cumplía con las condiciones mínimas para la permanencia de los detenidos en el lugar.

Otros centros penitenciarios como el Patricia Acioli, también en São Gonçalo, tiene un excedente del 198 %, la Penitenciaría Alfredo Tranjan del 180 % y la prisión Milton Dias del 137 %.

Esta última fue escenario la semana pasada de una rebelión en la que los presos tomaron 18 rehenes y que terminó con tres detenidos tiroteados a los que se les incautaron al menos tres armas.

Los agentes penitenciarios de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro (Seap) también trabajan al límite de su capacidad, según el mismo informe.

“La última reposición en el área técnica de la Seap fue en 1998, cuando habían menos de 20 mil presos“, explicó el defensor público Marlon Barcellos a medios locales.

La crisis económica en un estado que se declaró en quiebra el año pasado ha agravado la situación en las prisiones, donde “los proveedores de productos no han recibido sus pagos y entonces dejan de entregarlo todo: alimentos, artículos de higiene, colchones y lo que el sistema necesita”, manifestó Maira Fernandes, expresidenta del Consejo Penitenciario de Río, al portal de noticias Globo.

Dada la debilidad y la precariedad del sistema, celulares, armas y drogas circulan con facilidad y de las unidades salen órdenes para la ejecución de crímenes, ataques armados e incluso estrategias para la toma de territorios por parte de facciones criminales que disputan el dominio del tráfico en la ciudad, según reconocen las propias autoridades.

Otro de los grandes problemas del sistema penitenciario es la insalubridad, situación que se agrava debido a la carencia de medicamentos básicos en las prisiones.

“No se habla de la salud de los presos, pero cuando el índice de tuberculosis aumenta en las cárceles, esta enfermedad sale con el preso o con sus familiares. Una enfermedad que ya fue controlada en Río de Janeiro y que hoy muestra unos índices espeluznantes en el sistema penitenciario“, afirmó Fernandes.

La situación de las cárceles es uno de los mayores desafíos a los que tiene que hacer frente el recién nombrado interventor en Río, el general del Ejército Walter Braga Netto, quien asumió como principal responsable por la seguridad desde la decisión del presidente Michel Temer de intervenir en este estado el 17 de febrero pasado.

“La intervención federal, con todas las operaciones que se están ejecutando en las favelas, llevará a más encarcelamientos en centros que ya están desbordados”, alertó Fernandes.

Antes de la intervención y debido a la ola de violencia que sufre Río de Janeiro, el Gobierno ya había desplegado a mediados del año pasado a 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en este estado para reforzar la seguridad hasta finales de 2018.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.