El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, se reunirá este lunes con el embajador de Venezuela en el país, Carlos Amador Pérez, en relación al problema migratorio entre ambos países y que recientemente supuso la muerte de, al menos, 28 migrantes venezolanos.
Un funcionario gubernamental, bajo condición de anonimato, confirmó a EFE la reunión e indicó que la misma no será virtual y será en persona.
La reunión se produce tras un naufragio ocurrido el sábado 12 de diciembre en el Caribe venezolano que dejó al menos 28 muertos, una cifra que ha ido subiendo en los últimos días conforme avanzan las investigaciones.
Este hecho viene precedido de otro en el que por lo menos 16 venezolanos fueron expulsados de Trinidad y Tobago y estuvieron desaparecidos en aguas caribeñas casi dos días antes de volver a dicho país.
El portavoz reiteró que la responsabilidad principal del Gobierno en este asunto, es para con sus ciudadanos y Trinidad y Tobago, que tiene una población de 1,3 millones «no puede esperarse que acoja a un número ilimitado de migrantes».
Trinidad y Tobago ha continuado adhiriéndose a su política de no intervención en los asuntos internos de los estados, incluida Venezuela, y esos son algunos de los temas que se espera sean planteados el lunes, agregó a EFE el portavoz.
Desde el naufragio, Trinidad y Tobago ha estado bajo presión por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, entre otras.
La mayoría de los llamamientos han sido para que el Gobierno acoja a los migrantes que llegan a estas costas en busca de refugio.
Rowley anunció recientemente que las leyes sobre la trata de personas se endurecerán en los próximos meses en el país y se tomarán medidas para prevenir la explotación de los migrantes.
El primer ministro también anunció que el Gobierno extenderá hasta julio la amnistía provisional para los 16.523 venezolanos inscritos en este país.
Después de volver a registrarse, el gobierno decidirá sobre su estado.
El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR, en inglés) dijo este sábado a raíz de la afluencia de migrantes de Venezuela a Trinidad y Tobago que se debe solicitar a los 15 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que ayuden con la crisis.
La CCHR también señaló en un comunicado que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el deber de proteger los derechos humanos según lo establecido en su Constitución y las leyes del país, además de sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
