El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha acordado a instancias de Fiscalía Anticorrupción prisión sin fianza para el ex viceministro chavista de Desarrollo Energético Javier Alvarado Ochoa en el marco de la causa que investiga el lavado de dinero, en España, de capitales fruto de la corrupción en aquel país, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Alvarado Ochoa ya se encontraba en prisión preventiva en España. Fue detenido el pasado 9 de mayo en virtud de una orden internacional dictada por Estados Unidos, que le reclama por delitos de corrupción relacionados con la petrolera estatal PDVSA, y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso por riesgo de fuga.

En paralelo, el juez de instrucción de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a este y otros dirigentes del gobierno de Hugo Chávez recalados en España, le citó a declarar este lunes 20 de mayo como imputado por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Al término de la declaración, Anticorrupción solicitó prisión sin fianza atendiendo a la misma posibilidad de que se fugue, petición que ha aceptado el instructor con un auto dictado este martes, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

Alvarado Ochoa hizo carrera en las energéticas del país antes de convertirse en número 2 de Desarrollo Energético, cargo desde el que saltó a la presidencia de una de las filiales de PDVSA en Venezuela, Bariven, donde según la orden de extradición dictada por Estados Unidos, habría cometido una veintena de delitos de corrupción.

El juzgado 41 de Madrid le investiga como presunto miembro de una organización que se habría valido de un entramado de sociedades para blanquear cantidades millonarias obtenidas ilícitamente fruto de los altos cargos que ocuparon durante el mandato de Hugo Chávez.

De hecho, Alvarado Ochoa tiene otra causa abierta en la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de Instrucción número 2 le investiga en relación a los presuntos pagos de sobornos y comisiones ilícitas de la empresa española Duro Felguera a funcionarios venezolanos para obtener adjudicaciones.

Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de Madrid que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional para que sean los juzgados centrales quienes piloten este asunto, pero el instructor aún no se ha pronunciado al respecto, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Con información de La Vanguardia




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