En 2020 la represión del gobierno de Maduro fue distinta. No hubo la usual violencia matizada con perdigones, lacrimógenas y la persecución, pero sí una intensa violación de derechos humanos de los venezolanos y de los presos políticos, cuyos procesos judiciales estuvieron totalmente paralizados.
En Carabobo son 30 quienes están tras las rejas por motivos netamente políticos, de acuerdo al coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, quien aseguró que desde el comienzo de la cuarentena se aplicó una dinámica de la represión en contravención al acceso a la justicia.
Todo empezó con el Decreto de Estado de Alarma ordenado por el mandatario nacional el 13 de marzo. Fue una decisión tomada con el argumento de la pandemia por la COVID-19 y cuyo instrumento jurídico ha sido severamente cuestionado por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
Justicia en cuarentena para presos políticos
Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Plena, dictó la Resolución 001-2020 de fecha 20 de marzo de 2020 mediante la cual resolvió suspender las causas y lapsos procesales, imposibilitando que los tribunales pudieran dar despacho continuo sobre los asuntos en curso, impidiendo la celebración de audiencias, juicios y otras actuaciones que afectaron en gran medida a los presos políticos.
“Esto vulnera los derechos humanos de las personas que exigen una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
La paralización de los juicios, audiencias y demás actos que requieren del sistema de administración de justicia, aumenta la impunidad y el retardo procesal que ha afectado a miles de ciudadanos, incluyendo a los 351 presos políticos que hay en Venezuela y la falta de justicia que hoy claman las víctimas de la represión.
“La justicia es garantía de un estado de derecho democrático, las denuncias por la represión y las resoluciones y decretos prorrogados que imposibilitan el acceso a la justicia agravarán un sistema colapsado, moribundo y mantendrá un sistema habilitado para los casos donde la conveniencia política abre los despachos judiciales y donde la Constitución no es lo que importa, sino el poder administrado para pocos en detrimento de muchas personas que hoy requieren una justicia pronta”.
A esto se sumaron las severas restricciones de movilización que impidió que familiares de los presos políticos de Carabobo, de quienes dependen para alimentarse y recibir las medicinas que requieren de acuerdo a sus diferentes patologías.
La pandemia como excusa para violar derechos humanos
Para Betancourt, la política instaurada durante 2020 por el gobierno de Nicolás Maduro fue clara: “En Venezuela se ha utilizado la pandemia de la COVID-19 para reprimir a los ciudadanos”.
Su aseveración se deriva a las limitaciones impuestas a la libertad en la cuarentena, pese a que es un derecho inviolable, al instaurar como una práctica constante la retención o detener a personas que, incumpliendo con el decreto, bien sea por no utilizar mascarillas o por estar en reuniones públicas o privadas, las han sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, tales como ejercicios físicos mientras cantan consignas o mensajes, y además, expuestos públicamente por las redes sociales, y a otros se les ha privado de libertad, añadiendo figuras penales distintas a la falta para justificar la detención.
