(Foto AFP)
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El procurador general Manuel Galindo, afirmó este jueves que la Asamblea Nacional se apartó del mandato constitucional del país al haber llevado adelante la declaración de responsabilidad política del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

“La Asamblea Nacional incurre de manera reiterada, premeditada, con falta de conocimiento y por omisión en la violación manifiesta inequívoca de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó en una declaración el funcionario venezolano, que además preside el Poder Moral (Fiscalía, Procuraduría, y Defensoría Pública).

La decisión de llevar adelante la discusión, que fue aprobada con el voto de la mayoría opositora, que determinó la responsabilidad política de Maduro en la supuesta ruptura del orden constitucional, contraviene “hasta de su propia norma rectora”, dijo en referencia al reglamento interno de interior y debates de la AN.

La AN retomó el martes el procedimiento, que había sido suspendido tras el inicio del diálogo con el Gobierno, y aprobó un acuerdo en el que se declara a Maduro el responsable de los problemas del país, una discusión que había sido prohibida por el propio Supremo del país.

Los parlamentarios acordaron acudir al Poder Moral para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta responsabilidad, entre ellos, la Fiscalía para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un “antejuicio de mérito contra el presidente”.

El presidente del Poder Moral se mostró en contra del procedimiento e indicó que con esto “pareciera que este órgano legislativo pretende calificarse como un suprapoder público”.

La actuación del Parlamento, controlado por la oposición al Gobierno, “nos convence de que se apartó de los principios de solidaridad social y del bien común sometidos al imperio de la Constitución y la ley”.

Para Galindo, “no cabe duda que de manera reiterada los actos legislativos proferidos en las sesiones plenarias solo conducen a la violación del principio de primacía constitucional, principio de legalidad y principio de obligatoriedad de la colaboración de los poderes entre sí”.

La bancada chavista, que se negó a participar en el debate del martes, argumenta que el Parlamento no tiene las facultades de “control político” del presidente y acusó al sector opositor de querer dar un “golpe de Estado” al utilizar “figuras que no existen en la Constitución” para destituir a Maduro de su cargo.

Según estos, aunque la legislación faculta a la AN para declarar la responsabilidad política de funcionarios en determinadas circunstancias, esto no incluye al jefe de estado, por lo que el procedimiento es inconstitucional.




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