(Foto Archivo)
COMPARTE

La Procuraduría General de Honduras presentó una demanda contra el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, por haber despedido a la extitular del Banco Central Gabriela Núñez el 10 de enero de 2008, cuando le restaban dos años para cesar en el cargo, informaron hoy medios locales.

La demanda es por un monto de 5,1 millones de lempiras (unos 217.000 dólares), “más intereses y costos del juicio”, según un escrito del procurador general, Abraham Alvarenga, difundido hoy por el diario local La Tribuna y presentado ante la justicia en una fecha no precisada.

Subraya el documento que, mediante procedimiento ordinario, se presenta “demanda de pago por vía de repetición” contra Zelaya, por destituir a Núñez sin justificación y violentándole derechos.

Extraoficialmente trascendió que el documento no fue difundido por la Procuraduría General de la República (PGR), que sin embargo no ha negado su autenticidad.

La expresidenta del Banco Central de Honduras (BCH) presentó una demanda por la decisión de Zelaya y ganó el caso, en dos instancias legales, por lo que recibió 5,1 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales.

El fallo a favor de Núñez, quien ahora lidera un movimiento del opositor Partido Liberal, bajo cuya bandera Zelaya llegó al poder el 27 de enero de 2006 para un período de cuatro años, fue porque el expresidente no actuó con la debida diligencia, aunque haya tenido la atribución para nombrar y separar a altos cargos.

En febrero de 2008 Núñez dijo que de ganar el caso por su despido injustificado, destinaría el monto a becas educativas para niños y jóvenes de su ciudad natal, Sabanagrande, unos 45 kilómetros al sur de Tegucigalpa.

Núñez actualmente es diputada por el Partido Liberal ante el Parlamento hondureño, mientras que Zelaya es el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), surgido tras el golpe de Estado en su contra.

El Partido Liberal, fundado hace 125 años, se fragmentó entre los que apoyaron el derrocamiento y los que lo rechazaron, mientras que LIBRE, en sus primeras elecciones generales, en noviembre de 2013, se convirtió en la primera fuerza de oposición y relegó a los liberales a la segunda.

Zelaya ha respondido en la red social Twitter que la PGR presentó una demanda civil en su contra “por lo que GABI (Gabriela Núñez) le saqueó al Estado”.

“¿Y el crimen y el robo del golpe cuándo nos va a pagar el Estado?”, añade el mensaje del exgobernante.

En los últimos meses Zelaya también ha enfrentado conflictos internos en su partido, principalmente con dos periodistas diputados de LIBRE que eran aliados suyos desde el golpe de Estado.

Incluso han hecho denuncias sobre presuntos actos de corrupción que supuestamente cometieron el exgobernante y su esposa, Xiomara Castro, excandidata presidencial, quien advirtió que responderá con una demanda judicial por “difamación, injuria y calumnia”.

Castro es apoyada por cinco movimientos internos de LIBRE para que sea la candidata presidencial del partido en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.





Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.