Mediante un comunicado los profesores Ulises Rojas y Fermín Conde, cuestionan la pretensión de llevar al Consejo Universitario de la UC, un punto de agenda en el que supuestamente se plantea la creación de una figura plenipotenciaria, que pueda disponer de recursos económicos y usurpar funciones de otros órganos e instituciones del alma máter, amparándose en un decreto de Emergencia Económica.
En el escrito, el vicerrector académico y el presidente del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación, sostienen que esta medida es nula, por cuanto está por encima del ordenamiento jurídico.
Señalan que inexplicable resulta a todas luces, que se le haya dado admisión en la agenda del CU a tal ilegítima propuesta, porque los recursos confiados a la UC no pueden ser manejados sin ningún tipo de regulación, argumentando confidencialidad o discrecionalidad, figuras estas que abrogan preceptos legales y sublegales, y a la propia Constitución Nacional que, de facto, se violaría con la pretendida propuesta.
Añaden que esta "máxima autoridad ejecutiva" manejaría los recursos sin obligación de rendir cuentas amparada por el objeto de la ilegal resolución.
Sostuvieron además que la propuesta sería nula pues el Alma Mater no está facultada para decretar la emergencia económica. Cuestionaron también que la resolución “plagie” varios artículos de la Ley Antibloqueo y que sea aparentemente utilizada como basamento legal de este plan.
En la misiva se critica que supuestamente se pretenda construir con una resolución viciada de nulidad, un andamiaje fraudulento para crear, suprimir, ordenar, decretar aportes, invadir o desconocer competencias de otros organismos, crear tablas salariales paralelas.
En el documento se exige que esta medida no sea aprobada en el CU. Rojas y Conde señalan que la resolución propuesta choca con el artículo 25 constitucional, que consagra: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público, que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley, es nulo, y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusas órdenes superiores".
Con nota de prensa
