(Foto AFP).

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) indicó que arrojar bombas lacrimógenas desde helicópteros no solo busca un efecto disuasivo, sino también generar daño a los manifestantes.

Provea reveló que el artículo 141 de Ley de Aeronáutica Civil impone pena de prisión de 6 a 8 años, a quien arroje sustancias nocivas desde aeronaves.

La ONG considera que deben ser destituidos los tripulantes del helicóptero que arrojó las bombas. Y además deben ser investigados y sancionados por el Ministerio Público porque si las bombas arrojadas impactan en el cráneo de alguna persona, puede ser letal.

En 1993 la estudiante de 16 años, Jessica Díaz, fue asesinada por el impacto de una bomba lacrimógena en el cráneo.

 



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