Rafael Narváez, coordinador de la defensa por los derechos civiles, se pronunció sobre la intención del Estado de aplicar un cerco jurídico a las ONG y sociedad civil para convertirlas en delatoras de víctimas que les hayan prestado sus testimonios.
El exparlamentario denunció que quieren convertir a estas organizaciones en una especie de nuevos sapos cooperantes. Manifestó su sorpresa ante lo que nombró como una nueva escalada en contra de los derechos humanos y recordó que el Estado Venezolano cuenta con un expediente abierto en la Corte Penal Internacional (CPI) por el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dónde se les responsabiliza de crímenes de lesa humanidad.
Narváez advirtió al Estado que nuevamente se equivoca de adversario, pues sus enemigos son la crisis económica y sanitaria que azotan al país en medio de la pandemia por COVID-19.
El abogado defensor afirmó que el Ejecutivo Nacional no tendrá la fuerza para silenciar las denuncias de las víctimas y que se abrirán ventanas para acompañar el dolor y sufrimiento de los oprimidos.
Nota de Prensa
