El Estado asume nuevamente el camino equivocado de la persecución, detención, desaparición forzada y vulneración del debido proceso que son garantías constitucionales, afirmó el exparlamentario, abogado, defensor de DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez.
Esta conducta no contribuye en nada a la construcción de una mesa de diálogo para buscar soluciones para el país, que sigue estando en crucifixión por tantas calamidades que ha tenido que soportar, como el hambre, la crisis sanitaria, agigantada por el crecimiento del COVID-19, y el colapso de los servicios básicos, aseguró Narváez.
“El Estado sigue dando luz verde a los cuerpos de seguridad para que actúen al margen de la ley con total impunidad olvidando que en la Corte Penal Internacional (CPI) se procesa un expediente en fase 3 por crímenes de lesa humanidad. Solo falta una semana para que el nuevo fiscal, Karim Khan, se pronuncie sobre el caso Venezuela” expresó el coordinador de los derechos civiles.
El Gobierno es signatario del Estatuto de Roma, soporte jurídico de la CPI que le da la competencia y facultad para investigar y procesar penalmente a altos mandos militares y jefes de Estados en ejercicio de forma individual, puntualizó.
La actualización del informe procesado por la Oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos e la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, destaca el mismo patrón para la ejecución de torturas, tratos crueles e inhumanos. El gobierno desestimó totalmente este documento, aseveró Narváez.
El exparlamentario exigió al Estado desmantelar definitivamente al SEBIN y a la FAES, por seguir violando sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía. “Estos cuerpos ya se han convertido en un problema de Salud Pública”.
Nota de prensa
