Rafael Narváez,. ( Foto Archivo)

El incremento vertiginoso en la cantidad de detenidos con boletas de excarcelación, que son desconocidas por los directores de centros penitenciarios en el país, fue condenado este viernes por Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles.

El abogado señaló que existe el indignante caso del incumplimiento, desacato y desobediencia del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, de 17 boletas de excarcelación emitidas por tribunales de control.

Narváez explicó que esto se corresponde con un delito establecido en el artículo 179 del Código penal venezolano donde se establece que, aquel funcionario que desobedezca una orden judicial tiene prisión de cuatro a seis meses, por lo que exhortó al Ministerio Público a, dejar el temor y proceder mediante un tribunal para solicitar la aprehensión de los directores de centros penitenciarios, a fin de que sean procesados por el desacato de una orden judicial.

El jurista señaló que la misma situación ocurre con los 27 detenidos de la UPEL, donde un tribunal militar decidió darles medidas cautelares al total de detenidos, emitiendo las correspondientes boletas de excarcelación, que fueron desconocidas por el coronel envalentonado de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana y por el director de Policía de Aragua, Eulises Farías Valderrama. “Estos señores se burlaron del Ministerio Público, de Tarek William Saab y del Poder judicial”, dijo.

Debido proceso

Rafael Narváez denunció que en el caso de los estudiantes de la UPEL la situación es mucho más grave debido a que luego de ser juzgados de forma ilegal e ilegitima y desconocidas sus boletas de excarcelación, fueron trasladados en el estado Aragua a un tribunal ordinario para ser juzgados una segunda vez por los mismos delitos de los que fueron acusados en los tribunales militares. “Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, eso lo establece el artículo 49.7 de la Constitución”, aseveró.

Al Ministerio Público lo acusó de complicidad en esta acción al guardar silencio y no decir que un segundo juicio era nulo. Se preguntó qué respuesta tiene Tarek William Saab sobre eso. Dijo que la institución que representa es garante de la legalidad y del debido proceso así como también el guardián de los juicios justos, insistiendo que el Tribunal noveno de control, no tenía jurisdicción para conocer ese caso y su decisión tenía que ser impugnada por el Ministerio Público y los abogados de la defensa.

Nota de prensa.




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