El abogado defensor por los derechos civiles Rafael Narváez manifestó su rechazo ante la pretensión del Estado venezolano de limitar la participación de las víctimas de violaciones de DD.HH. y crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
Para el defensor de los derechos humanos es imposible impedir que las víctimas acudan a la CPI porque los «crímenes de lesa humanidad ocurridos en el 2017 son imborrables».
Narváez considera que seguir mintiendo a la CPI con la investigación de delitos que no tienen que ver con crímenes de lesa humanidad y procesar penalmente a funcionarios de bajo rango, y no a la cadena de mando del letal plan Zamora, que ejecutó todas las atrocidades cometidas en el año 2017, es desestimar las competencias y facultades de este tribunal internacional.
El abogado explicó que esta situación se trata de un desacato al artículo 7 del estatuto de Roma, del cual el Estado es firmante junto con otros países desde el año 1999, que luego suscribió y ratificó, por lo que ya forma parte del derecho interno venezolano.
También le recordó al sistema de justicia que el Estatuto de Roma establece el principio de complementariedad para aplicarlo en aquellos países que no investigan crímenes de lesa humanidad. Esto le permite a la CPI investigar y procesar penalmente cualquier delito en contra de los DD.HH.
Para finalizar, el abogado penalista insistió en lo que ha venido sosteniendo por mucho tiempo: «La única esperanza es la CPI».
Recientemente, el Estado venezolano se opuso a que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI autorice al fiscal Karim Khan de retomar la investigación de las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad de Venezuela.
Nota de prensa.
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