Narváez acusó al Gobierno de implementar medidas anticonstitucionales contra la población. Foto (Archivo).

El abogado defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, manifestó su rechazo ante la conducta asumida por la administración de Maduro, con respecto al informe de la Misión de Determinación de los Hechos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aseguró que, aunque la representación de Venezuela intentó descalificar el documento, el país es signatario del Estatuto de Roma y por ende puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional y los países que aplican la Justicia Universal.

Nuevamente el Estado venezolano asume una conducta de burla y desprecio ante unos hechos que, a la luz de los testimonios de familiares y víctimas de las atrocidades calificadas de crímenes de lesa humanidad y ejecutadas por los cuerpos de seguridad con odio y resentimiento, son imposibles de ocultar, expresó Rafael Narváez.

El abogado recordó que no es la primera vez que el Ejecutivo Nacional asume una conducta de descalificación, pues ya lo ha hecho con informes de la OEA y también de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet.

El director de la ONG, Derechos Civiles, resaltó que, en esta oportunidad, se trata de una misión independiente de determinación de hechos que tiene un mandato por parte del Consejo General para los DDHH de la ONU; que con su equipo técnico utilizó una metodología de investigación que identifica las características de los crímenes de lesa humanidad, las circunstancias, los hechos y a los responsables.

La Misión realizó la investigación desde afuera cubriendo los extremos y es un informe muy denso y muy completo, y esto a pesar de que el Estado, de forma prepotente, altanera y bravucona le negó la entrada a la misma, incumpliendo su obligación a cooperar tomando en cuenta que forma parte del Consejo General para los DDHH de la ONU, comentó.

“Le recuerdo al equipo que mal asesora al Estado, que tanto el sistema interamericano de la OEA para los DDHH y la ONU tienen suficientes testimonios de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado”, advirtió Rafael Narváez.

El profesional en derecho agregó que miles de víctimas, la cuales fueron ignoradas por los Poderes Públicos, tuvieron que asumir los pactos internacionales en materia de los DDHH establecidos en la Constitución y, de esa manera, acudir a instancias internacionales desde 2014, algo que no hubiera ocurrido si los entes nacionales hubieran atendido debidamente los casos.

Burla de los informes

Sostuvo que el gobierno de Maduro no puede descalificar el documento, alegando que fue elaborado fuera del territorio nacional, porque ellos mismos prohibieron el ingreso al país de los integrantes de la Misión. Además, la misma tiene su metodología para determinar los hechos a través de la documentación y los testimonios recabados.

“El Estado siempre se ha burlado de todos los informes que han emanado tanto de la OEA como de los Altos Comisionados para los DDHH de la ONU y un ejemplo de esta conducta reprochable es la que asumió después de la vista de la propia Michelle Bachelet, a quien, luego que presentara el informe ante la ONU y que más tarde ocho países consignaran el documento ante la Corte Penal intentó descalificarla y cuestionarla porque, según el Estado, el informe estaba manipulado y lleno de mentiras”, expresó.

Rafael Narváez resaltó que la administración de Maduro sigue subestimando el consejo que le dio el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien indicó que el informe debía tomarlo en serio. También sigue ignorando que es firmante del estatuto de Roma y que le da competencia plena a la Corte Penal para investigar crímenes de lesa humanidad, calificados en el informe de la misión independiente de determinación de los hechos.

El estado sabe que existen países 13 países que han asumido la jurisdicción universal y que también pueden abrir procesos de investigación sobre los hechos y tiene conocimiento que violó normas de la ONU, por lo que está obligado a cooperar, detalló.

Rafael Narváez señaló que es imperativo que el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, proceda a renovar el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los hechos, ya que de no hacerlo, el informe se estaría convirtiendo en una oferta engañosa.




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