El Estado aplica la desaparición forzada de personas contra los detenidos por razones políticas, y usa una constitución de bolsillo para violar sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, denunció el ex parlamentario, abogado defensor de DDHH y coordinador de la ONG Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.
La inobservancia por parte del garante de la legalidad y del debido proceso, del guardián de los juicios justos que debe ser el Ministerio Público, permite que cuerpos de seguridad del estado como el Sebin y la GNB ejecuten detenciones arbitrarias sin orden judicial y mantengan a los detenidos aislados e incomunicados en los centros de reclusión.
Narváez citó el caso del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, quien ya cumple hoy 8 días desde su aprehensión sin orden judicial, luego que su carro fuera arrastrado por una grúa al estilo de las dictaduras más feroces que existieron en el mundo.
Sus familiares y abogados de confianza todavía no lo han visto ni han sido informados del lugar donde se encuentra, tuvo una audiencia que se celebró a escondidas de su defensa técnica con imposición de defensores públicos, contrariando el artículo 49 de la Constitución, que establece el debido proceso y las garantías judiciales como la defensa, criticó Narváez.
El diputado Gilbert Caro ya va para 20 días desaparecido, agregó Narváez, para quien lo más grave de estas situaciones es que la Fiscalía convalida la violación de garantías constitucionales como ha ocurrido en ambos casos.
El jurista recordó que el artículo 181 del Código Penal establece penas de entre 12 y 18 años de prisión para cualquier autoridad civil o militar que prive ilegítimamente de la libertad a una persona y además niegue información al respecto. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce como crímenes de lesa humanidad a las desapariciones forzadas de personas.
