El coordinador de la Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, aseguró que el Estado debe ampliar la entrega de bonos ante la pandemia del coronavirus para que cubra todos los sectores del país, porque considera que su entrega a través del Sistema Patria es excluyente.
El abogado expresó que la Cuarentena social, que asume el pueblo de manera disciplinada, obliga al Estado a aumentar la cantidad de dinero que envía a través de bonos, debido a que el sueldo actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la población.
Medidas económicas que no afectan al IVA, las Unidades Tributarias, el Seniat que no pone nada en esta Pandemia (ya que el pago del Impuesto Sobre La Renta (ISRL) se mantiene), un bono excluyente por el Sistema Patria que se lo devora la hiperinflación, es la respuesta que da el Estado a un pueblo que todo el peso del sacrificio por esta Pandemia mundial lo lleva sobre sus espaldas, reclamó Narváez.
Medios de comunicación
El ex parlamentario también comentó que el Estado ve a los periodistas y a los medios de comunicación como adversarios políticos.
Sigue abusando de un estado de excepción que está obligado a respetar el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad física de las personas, que prohíbe la desaparición forzada de personas, que obliga a respetar el debido proceso contemplado en nuestra Constitución y en la ley orgánica para los estados de excepción, indicó.
Narvaez afirmó que las detenciones arbitrarias y los allanamientos por parte de la FAES en contra de periodistas, constituyen una violación grave, tanto a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, como el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información.
Para finalizar, Narváez aseguró que estas situaciones también violan el artículos 8 de la Ley del periodismo que consagra no revelar la fuente. “Los responsables por permitir a estos cuerpos de seguridad violar estos derechos intocables en un estado de excepción son el Ministerio público y el poder judicial”.
