El abogado defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, rechazó la represión del Ejecutivo Nacional, a través de los cuerpos de seguridad, que ha ejercido en contra de las manifestaciones originadas por las fallas de los servicios básicos.
El Estado venezolano ha arremetido contra los ciudadanos que, cansados de ser víctimas del desprecio y del engaño, han alzado su voz por la falta de agua, de electricidad, de gas, alimentos, medicinas y transporte y, en vez de buscar solucionar los problemas de la población, responde con balas de goma, sustancias tóxicas y golpes a garrotazo limpio contra los manifestantes, expresó Narváez.
El director de la ONG, Derechos Civiles, recordó que la Constitución garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, o el uso desproporcionado de la fuerza, contra tales manifestaciones.
Es el colapso de los servicios básicos, como agua, energía eléctrica, gas doméstico y la escasez de combustible o el suministro de mala calidad, así como la matraca sin escrúpulos por parte de algunos efectivos de los cuerpos de seguridad lo que ha generado más de 70 protestas diarias en los pueblos más humildes del país, añadió.
El profesional del derecho agregó que la respuesta del Estado ha sido usar la Guardia Nacional, las FAES, y la Policía Nacional Bolivariana, que sin piedad reprimen con balas de gomas y bombas lacrimógenas, así como detenciones arbitrarias contra el reclamo justo de los protestantes.
Represión ejercida por diferentes grupos
Narváez criticó que, mientras a la población los reprimen, el hampa hace de las suyas; refiriéndose a la situación de diversas zonas de Caracas, como la Cota 905, que, al igual que otras del interior del país, han sido tomadas por bandas delictivas.
Al pueblo le responden con balas de goma, gases lacrimógenos y garrotazos porque protesta porque no tiene agua ni para lavarse las manos para evitar la covid-19, energía eléctrica para trabajar o estudiar o gas para cocinar los pocos alimentos que puede conseguir, pero el Coquí hace de las suyas y ante sus acciones, los organismos de seguridad salen corriendo, señaló el abogado.
El abogado refutó que se permitan actos, como el que sucedió hace unos días en Cabudare, estado Lara, en los cuales cuerpos de seguridad infligieron tratos crueles, degradantes e inhumanos contra un ciudadano que protestaba clamando por agua y luz.
El defensor de los DDHH subrayó que se permite que diversos grupos quieran dominar el obelisco de Barquisimeto y emitan un decreto contra los que se encuentran en las calles manifestando; esto se aplica de la misma manera con el gobernador de Zulia, pues también dictó no permitir protestas.
Estamos en presencia de un Estado que se ha declarado enemigo de los DDHH y garantías constitucionales y eso es muy grave para una población que luce indefensa y sin esperanzas, puntualizó.
Rafael Narváez, sentenció que todos estos elementos reafirman la violación sistemática de los DDHH por parte del Estado venezolano; el cual descalifica el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos, que aseguró los abusos cometidos en el país como crímenes de lesa humanidad.
