Según el coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, la hambruna en Venezuela se ha convertido en una epidemia que conforma el más reciente brazo armado del Estado venezolano reflejado claramente en todos aquellos que tienen que hurgar en la basura para combatir el hambre.
Narváez advirtió que de acuerdo a investigaciones, el 60% de la población a nivel nacional se encontraría bajo los efectos de un desbalance alimenticio a consecuencia de los altos precios de los insumos básicos. “Hay 6 millones de niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen los alimentos indispensables ni la posibilidad de adquirirlos. Estamos ante un panorama muy oscuro de genocidio alimentario, porque apenas un 20% de la población recibe la bolsa Clap, siempre y cuando cumplan con el acto criminal de tener el carnet de la patria”.
El activista recordó que , según el análisis del Centro de documentación y análisis para los trabajadores, CENDA, la canasta básica en enero de 2018 bordeaba los 24 millones 500 mil bolívares. En febrero aumentó a 37 millones 517 mil bolívares y dio un salto a 52 millones 680 mil 900 bolívares en el transcurso del mes de abril.
Esta, según Narváez, es la mejor demostración de la inacción tanto del presidente Maduro como de quienes le acompañan. “El colmo es el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo que apenas alcanza para un cartón de huevos y medio kilo de queso”.
El declarante condenó que esta situación esté obligando a buena parte de la población a prescindir del consumo de proteínas a cambio de carbohidratos que, en definitiva, solo generarán efectos negativos sobre la salud de los venezolanos. “Este mecanismo perverso que busca someter al pueblo disparando al estómago de los menos favorecidos que no tienen que comer”.
A su juicio, tanto el Ministerio de alimentación como el Instituto Nacional de Nutrición desaparecieron como entes rectores y coordinadores de las políticas en cuanto al consumo de alimentos de los venezolanos. “Estamos en una situación de orfandad que incluye a la clase política donde, tanto el oficialismo como la oposición se encuentran sumergidos en una borrachera electoral y no les duele el hambre de los venezolanos cuando estos están pidiendo de comer”.
Narváez aseguró que el país se encuentra bajo el control de un Estado criminal que siente un enorme desprecio a la vida y la alimentación, cuando estableció la hambruna como una política pública de exterminio y además, con un alto grado de indefensión por parte de los poderes públicos, porque el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público no asumen su responsabilidad de ser la defensa de quienes claman por conseguir alimentos.
