Para el coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, el Gobierno nacional decidió implementar acciones de fuerza y atropello en donde buscaría pescar en río revuelto, previo a la realización de unas elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo, muy cuestionadas por la manera en las que fueron implementadas.
Narváez enfatizó que a tres días de este proceso electoral, impregnado de hambre, falta de medicamentos y efectivo el Ejecutivo decidió ejecutar una agenda violenta, en la que destacan la muerte del ganadero Manuel Tarazona en Rubio, estado Táchira, el ataque de la Guardia Nacional Bolivariana a trabajadores de medios de comunicación en la Asamblea Nacional, la amenaza de una demanda en contra de los periodistas del Diario La Verdad de Vargas por parte del gobernador García Carneiro y las agresiones que sufrieran los médicos en el estado Zulia por realizar una protesta ante la falta de insumos.
Según el activista, todos los casos tienen un denominador común: la ausencia del Ministerio Público en la investigación penal y de la Defensoría del Pueblo, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución. “En la Asamblea Nacional, el coronel Lugo de la Guardia Nacional Bolivariana, se cree el dueño de todo el perímetro del casco histórico de Caracas y presume que tiene la facultad de empujar, maltratar, violentar y limitar el libre ejercicio del periodismo, teniendo la desfachatez de impedir por sexta vez de forma abusiva la entrada a quienes cubren la fuente parlamentaria sin que haya iniciado investigación alguna por parte de la Fiscalía.
El declarante deploró el hecho de que a pesar de que en muchos de estos casos existen pruebas documentales, poco o nada se hace para evitar estas situaciones. “¿Dónde está el Ministerio Público y la investigación de oficio? Deberían haber iniciado las correspondientes investigaciones penales y citar al coronel Lugo, el gobernador del Zulia Omar Prieto, al gobernador de Vargas García Carneiro y Freddy Bernal respectivamente”.
En cuanto a lo ocurrido entre el gobernador García Carneiro y los periodistas del Diario La Verdad de Vargas lo definió como un acto de barbarie, debido a su acción desmedida en contra de quienes tienen por objeto dar información veraz y oportuna cuando publican la lista de precios del transporte en ese estado. “Este señor parece que no entiende que sus funciones no son de Ministerio Público para estar investigando gente ni de estarse creyendo juez”.
Protestas en el Helicoide
Rafael Narváez aseguró que este centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, no es más que la, cuna de la tortura, debido a los tratos crueles e inhumanos que se realizan allí ante la indiferencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “En el Helicoide hay un hacinamiento grosero y presos políticos que tienen casi un año que no son trasladados a tribunales y otros, con boleta de libertad por más de dos años aun presos. Hoy este lugar está amenazado por la represión de un señor apodado como Pachuco y su equipo de tortura”.
El defensor de Derechos Humanos condenó que el Fiscal provisorio Tarek William Saab evada sus funciones frente a lo que ocurre en los calabozos del Sebin. “Lo invito a que vayamos los dos para saber qué pasa con los presos y visitemos dos recintos de maltratos: el Túnel del tiempo y la Tumba, donde presos políticos son encerrados por meses sin poder ver la luz del sol”.
